Pregunta obligada es si la integración del nuevo Consejo General del INE podrá con la tarea. Falta la normatividad secundaria, pero ya hay nuevo Consejo. Lorenzo Córdova será su presidente, quien ya participaba en el del IFE, abogado formado en la mejor escuela de jurisprudencia y con presencia pública en medios escritos y electrónicos. Su designación inspira confianza y trasciende, por mucho, el perfil de sus antecesores inmediatos. Sus primeras expresiones son sensatas, firmes y claras.

Pero el Consejo integra a 10 consejeros más. También hay representantes de las cámaras y partidos políticos, pero sin voto. En una primera perspectiva se advierte que no hay un cambio, sino una transformación de la anterior institución. Por ejemplo, la designación de consejeros cambia, pero al igual que en el pasado son los partidos en la Cámara de Diputados los que definen. 

Buen trabajo de los coordinadores Beltrones, Villarreal y Aureoles, al menos los designados tienen el consenso de las fuerzas mayores y resulta en un buen equilibrio desde la perspectiva de los partidos allí representados, no tanto de las nuevas funciones del INE, faltaron más consejeros familiarizados con los comicios locales.

En mayúsculas las palabras de Lorenzo Córdova sobre la independencia de los integrantes del Consejo respecto a los partidos políticos que participaron en su promoción y designación. El problema mayor del IFE fue y seguramente del INE serán los partidos, aunque también los medios electrónicos figuran en la lista. 

Con la debilidad del Estado mexicano que acompañó el arribo del PAN a la Presidencia de la República, más en el gobierno de Calderón, los partidos buscaron de muchas formas y por distintas razones disminuir al IFE. La defenestración del Consejo General que organizó la elección de Calderón fue un ominoso precedente. 

Ya antes, durante el gobierno de Vicente Fox, circuló un documento de consenso en la Cámara de Diputados que pretendía intimidad a los consejeros, incluso, someter el patrimonio personal de ellos, como garantía por decisiones contra los partidos políticos. Al menos la renovación parcial del Consejo es una sabia decisión, también que se haya eliminado el derecho de reelección del consejero presidente.

Para cumplir cabalmente con su responsabilidad, desde ahora debe quedar claro que los integrantes del Consejo no tienen otra responsabilidad que la de hacer valer la ley y cumplir en los mejores términos la difícil tarea que les corresponde, pensando más en los ciudadanos y menos en los partidos. Por la propia naturaleza de las funciones encomendadas, la controversia y los intereses encontrados son la constante. No hay manera de resolver satisfaciendo a todos. Pero también, lo peor que puede suceder, como ha acontecido en el pasado, es un desempeño a la medida del partido promotor.

Tampoco el Consejo General o sus integrantes deben pretender la aceptación pública o mediática. Esa también es una trampa mortal para la institución. Su tarea puede ir a contrapelo de lo que dicta el consenso popular. La opinión pública con frecuencia es la suma de intereses y, en todo caso, es veleidosa y superficial.

Por esta consideración, desde ahora el Consejo debe prepararse para enfrentar el asedio de partidos y candidatos, también de los medios electrónicos o de los intereses afectados. La fiscalización llega a muchos lados, es una tarea delicada en extremo que debe materializarse con cuidado. Los Sabonarolas no son los mejores ni los más eficaces para contener el problema del financiamiento irregular o ilegal de campañas, tampoco hay espacio a la complacencia. 

El modelo establecido no es realista (rigurosos topes de campaña, prohibición de financiamiento privado, etcétera), debió optarse por el de información y transparencia. De cualquier manera, mucho hay que hacer al respecto.

Otra de las tentaciones a evitar es hacer del Consejo órgano legislador. Desde ahora deben preverse en la legislación del Congreso el desarrollo de todos los aspectos a normar, ésta no es una tarea que se pueda delegar en el INE, salvo que la Constitución así lo determine, asunto no previsto. 

Son muchos los aspectos nuevos a resolver a contrapelo de lo existente: candidaturas independientes, reelección consecutiva, consulta popular, integración paritaria por género de candidaturas, nuevas restricciones de publicidad y promoción en campañas, etcétera. Por si fuera poco, también hay una responsabilidad imprecisa de coordinación con los órganos electorales locales, asunto que puede ser la base del desgaste del INE.

El INE recibe del IFE una costosa pero eficaz burocracia para organizar elecciones. El balance es favorable, pero es insuficiente para un órgano que deberá también responsabilizarse de comicios locales. Los órganos electorales estatales y del DF son, casi en su totalidad, más económicos, pero también son los que registran mayores diferencias y avances en su consolidación institucional. 

Lo que se recibe no es suficiente, lo que hay no siempre es confiable, reconstituir al INE será tarea difícil que deberá concretarse en breve, en especial en las 17 entidades con elecciones locales en 2015.