La impopular empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, más conocida con el nombre comercial de “Aguakán”, recibió un duro golpe esta semana luego de que la alcaldesa de Puerto Morelos, la ex priista Laura Lynn Fernández Piña, se negara a heredar la nociva concesión de distribución de agua potable que hasta esta semana aún estaba a cargo de ese afortunado organismo privado.

Aguakán, que tiene la concesión exclusiva para el manejo del agua en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) e Isla Mujeres por los próximos 36 años, esperaba mantener en sus dominios al naciente municipio de Puerto Morelos que apenas hace unos meses se separó de Cancún.

Pero ante los reclamos ciudadanos la presidenta municipal Laura Fernández –ahora integrada al Partido Verde Ecologista– cerró la puerta de tajo y esta semana entregó el proyecto de creación del organismo operador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para su demarcación, sacudiéndose el yugo de Aguakán.

Fernández Piña manifestó que no hay algún tipo de compromiso del nuevo municipio para continuar en las garras de Aguakán, ya que las concesiones no se heredan y Puerto Morelos nació sin ataduras. Y es el turno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Y es que el rechazo de la ciudadanía hacia esta empresa que ha obtenido concesiones casi eternas con estrategias poco transparentes en la zona norte del estado sigue creciendo, debido al pésimo servicio que otorga y las elevadas tarifas. Por esa razón, la revocación de su concesión fue utilizada como bandera de campaña por varios candidatos en las pasadas elecciones.

Pero fue más fácil decirlo que hacerlo, porque legalmente Aguakán tiene bien amarrados sus contratos y cuenta con un equipo jurídico pulido y listo para emprender la defensa de su negocio, mientras los legisladores encuentran cada vez más problemas para arrebatarle la gallina de los huevos de oro.

De hecho, el Presidente de la Gran Comisión del Congreso, Eduardo Martínez Arcila, admitió que de revocarse las concesiones a la empresa Aguakán se tendrán que pagar elevadas indemnizaciones, las cuales correrían a cargo de los municipios. Y en esta cancha han señalado que no están en condiciones de pagar cientos de millones de pesos para sacar con escoba a Aguakán de sus dominios, por lo que la empresa seguirá operando muy a pesar del rechazo ciudadano.