Desde muchos frentes se movilizan intereses para precipitar la salida de Ángel Aguirre de la gubernatura de Guerrero. De todo hay: convencidos, revanchistas, oportunistas y provocadores. El tema de fondo —la impunidad propiciada o consentida desde el poder local— se desplaza por el cálculo político de muchos, incluso de quienes creen con ingenuidad que la licencia o remoción del gobernador es la solución al problema.

Dos hechos vinculados alientan el oportunismo: Guerrero es un estado importante en muchos sentidos y las elecciones están a ocho meses. El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, se pronuncia sobre el inconveniente de la desaparición de poderes con vista a los comicios, iniciativa que nació entre los senadores panistas y que el martes habría de discutirse en el pleno, ya con el aval del PAN casi en su totalidad. El casi no es menor, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, del PAN, Jorge Camacho, ha dicho que la salida de Aguirre no es la solución.

El PAN es un partido testimonial en Guerrero. En tal condición en los últimos días de la elección, con Gustavo Madero estrenándose en la dirigencia, dio su apoyo a Ángel Aguirre. El PRD le hizo candidato siendo senador del PRI. López Obrador lo rechazó, Marcelo Ebrard le apoyó con todo, sus huestes y recursos se hicieron sentir durante la campaña. El triunfo de Aguirre significó el del entonces jefe de Gobierno frente a López Obrador, con el calculado respaldo de Jesús Ortega.

A meses de la elección de junio de 2015, el PAN busca en Guerrero, votos allí y en todo el país. El PRD con explicable complejo de culpa (culpa por haber llevado a Aguirre y Abarca al poder y también culpa por la imprudente defensa que hiciera la nueva dirigencia al momento de su estreno) ha llegado a la convicción de que lo mejor es la licencia del gobernador. El PAN, siendo un partido insignificante en Guerrero, lleva mano, aunque es difícil que se le deje pasar la medicina de caballo que representa la desaparición de poderes.

El oportunismo no está reñido con matrimonio. En medio del conflicto Santiago Creel anuncia la alianza entre el PAN y PRD en varios estados. Las diferencias en Guerrero y en la agenda fiscal y energética de cada partido no excluyen coalición en Nuevo León, Colima, Campeche, Querétaro y Baja California Sur. Pragmatismo puro. El mismo que llevó al PRD a abandonar a Aguirre y al PAN a condenarlo.

Frente al oportunismo de la oposición y el radicalismo de los estudiantes, el gobierno federal se ve aislado en la pretensión de darle una salida institucional al problema. Es evidente que no apoyará la propuesta panista de desaparición de poderes. En todo caso, buscará con el PRD y el mismo gobernador una respuesta que no comprometa la de por sí frágil vida institucional en la entidad. La circunstancia del gobernador es crítica en sus propios términos. Además, en Guerrero la población está dividida respecto a su salida, a pesar de la pésima estrategia de control de daños del mandatario.

La salida del gobernador Aguirre es indeseable, pero parece inevitable, no por la postura del gobierno federal, tampoco por la pretensión panista de defenestrarlo, sino por la decisión del PRD de abandonarlo. El cálculo es puramente electoral, a pesar de que existe evidencia sobre su responsabilidad política por la ausencia de autoridad y el dominio del crimen organizado en varias partes de la entidad, como lo revelan las numerosas fosas clandestinas y los hechos de Iguala. Sin embargo, la cuestión de fondo no es política, sino legal.

Ésta es la preocupación del gobernador en dificultades. El problema para él no es su salida, sino lo que le ocurra después de dejar la responsabilidad, en especial porque la crisis no remite a quién gobierne, sino a cómo se ha gobernado. Para Aguirre es fundamental continuar en el encargo hasta dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos y de allí en delante, de acuerdo con la circunstancia, se resolvería su suerte. Sobra decir que de constatarse la versión de que fueron ejecutados su situación sería insostenible.

Guerrero es una severa lección. Los acontecimientos hacen pensar en la tesis de que los procesos de modernización suelen reventar en las zonas más pobres, como sucedió en 1994 en Chiapas. Los partidos y todos los gobiernos tienen mucho por aprender. Los alcaldes deberán entender las consecuencias de la connivencia con el crimen; los gobernadores, de la complacencia y el gobierno federal, de no actuar proactivamente en las zonas críticas por el crimen organizado.

La circunstancia llama a medidas correctivas, no para regresar a lo que no funcionó, sino para dar mayor espacio a la prospectiva y a la inteligencia. Bien vistas las cosas, los hechos muestran la ruta por la que debe transitar el país.