Un suceso escalofriante: en Chacté, una comunidad de Chiapas, el conductor de un taxi atropella a un chico, que resulta con una pierna rota. Los pobladores lo detienen, junto con su pasajero. Ambos son llevados a la cárcel municipal de San Juan Cancún. Llega luego una turba, los saca de la celda y los arrastra de vuelta al poblado donde, tras golpearlos, los amarran a un poste, los rocían de gasolina y les prenden fuego. Los dos hombres mueren.

Imaginen por un instante la escena, estimados lectores. Y reconozcan que esto no ocurre en remotas épocas de cotidianas atrocidades —en las amenazadoras tinieblas de la Europa medieval o en cualquier otro tiempo previo al proceso civilizatorio de la especie humana— sino aquí mismo, a la vuelta de la esquina, en un país que aspira a la modernidad pero en cuyo escenario no dejan de aparecer las manifestaciones de una violencia tan estremecedora como espantosa.

Esta noticia, que debiera quitarnos el sueño a todos los mexicanos, no ha figurado en los titulares de la prensa y, por lo visto, se inscribe ya en una suerte de normalidad hecha de sangre y horror. Pero, no está aquí el elemento, así de estremecedor como pueda ser, de la brutalidad que acostumbran esas organizaciones criminales que amedrentan a sus adversarios con cadáveres colgando de puentes, decapitaciones y otras aterradoras advertencias. Esto es mucho más inquietante todavía. Porque, señoras y señores, no estamos hablando de la siniestra actuación de un delincuente, canalla de necesidad, sino de la barbarie de los ciudadanos de a pie. Y tampoco se trata de un hecho enteramente aislado sino de algo que ha ocurrido hasta en la mismísima capital de la República, bajo un Gobierno municipal que, por una extrañísima razón, se abstuvo de intervenir oportunamente siendo que las cámaras de las televisiones ya estaban ahí, en la plaza donde fueron linchados tres policías, para registrar tan atroz suceso.

El huevo de la serpiente fue tal vez incubado en esa ancestral disposición de nuestras autoridades para acomodarse a la ilegalidad y para convivir con la realidad de un “México bronco” que, según nos avisan los agoreros, no sólo sigue estando entre nosotros sino que en cada momento, por esto o por lo otro —porque se llevó a cabo una reforma en el Congreso o porque subieron los precios de la gasolina o porque el virus A/H1N1, identificado y aislado, ya no merece que se paralice la vida pública— puede llevarnos al precipicio del “estallido social”.

En todo caso, resulta que el “pueblo bueno” ya no es tan bueno. No sólo eso: es bastante salvaje, cruel e inhumano, perfectamente capaz de perpetrar atrocidades como las que consigna el Antiguo Testamento y de colocar, a todo un país, en la angustiosa disyuntiva de convivir con el horror y de volver a los tiempos de la horda primitiva como si las leyes no existieran y la justicia fuera un mero asunto de quemar viva a la gente o de matarla a golpes en la calle.

Pero, justamente, de esta estremecedora situación surgen unas obligadas preguntas: estos mexicanos, ¿cómo son? ¿Están profundamente enojados? ¿Se rigen por  “usos y costumbres” incompatibles con los principios de la democracia liberal? ¿Son esencialmente bárbaros? ¿Carecen de instrucción? No puedo dejar de recurrir, en este sentido, a la formidable frase del pensador español Fernando Savater: “Un pueblo sin educación es un pueblo ingobernable”. Y es que lo primero que te podría venir a la mente es que, en estas comunidades donde han acontecido hechos terribles —en el Estado de México, la delegación Tláhuac del Distrito Federal, Chiapas y Guerrero—, la gente carece de la mínima formación como para mitigar sus instintos destructivos y sus comportamientos antisociales. La reflexión más apremiante, sin embargo, gira en torno al hecho de que los bárbaros son compatriotas nuestros. ¿Qué vamos a hacer con ellos?