17 de Julio de 2018

Opinión

Al filo de la guillotina

El dirigente del Sindicato Único de Choferes de Alquiler (SUCHAA) de Othón P. Blanco tiene prácticamente los días contados...

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El dirigente del Sindicato Único de Choferes de Alquiler (SUCHAA) de Othón P. Blanco tiene prácticamente los días contados. Y es que Eliezer Argüelles ha unido a todo el gremio en su contra, quienes no cesan en su intención de destituirlo antes que concluya el periodo para el cual fue electo.

Si bien los tres años para los cuales fue electo Eliezer Arguelles concluyen en diciembre, al interior del sindicato no se descarta que pudiera dejar antes el cargo porque los inconformes, aquellos que han señalado serias irregularidades en la administración del gremio, inicien nuevamente con acciones para derrocarlo.

Solo hay que recordar que el grupo contrario a Eliezer Arguelles ha asegurado que el aún dirigente taxista, cometió agravio en contra de las arcas del gremio y hablaron de un poco más de 30 millones de pesos.

Acusan al dirigente de vender placas de taxis, de rentar doblemente las placas y no dar cuentas a los agremiados.

Lo acusan también de ampliar el número de socios operadores, es decir, los llamados “martillos” a quienes cobra cinco mil pesos por ingreso y no da cuenta del destino de los recursos.

Denunciaron también que ha otorgado concesiones de placas de taxis a todos sus familiares, incluidos esposa e hijos, padres y hermanos.

Es por todo ello y más que los socios concesionarios insistirán en la salida del dirigente sindical, pero además piden se le finquen responsabilidades por el robo que habría cometido en contra del sindicato.

Todo ello obviamente tendrá que ser demostrado por los socios concesionarios del SUCHAA, y ya hay más de cinco aspirantes al gremio taxista, aunque no descartan una candidatura de unidad, dado que el objetivo es sacar de una vez por toda a Eliezer.

Hay que recordar que desde el inicio de su gestión Eliezer Arguelles ha sido señalado de mala administración y atentar contra las arcas del sindicato.

Los concesionarios han marchado, tomado las instalaciones, se han declarado en  plantones permanentes y rotulado sus unidades con consignar contra el dirigente, todo con el fin de acabar con la gestión de Arguelles y ahora se preparan para retomar acciones.

Donde también se intensifican las revisiones es en el palacio municipal de Othón P. Blanco, pero en este caso corresponde a la cuenta pública del 2013, donde la mayor parte de la aplicación de los recursos fue en el gobierno de Carlos Mario Villanueva Tenorio.

Ocurre que el miércoles de esta semana la Auditoria Superior del Estado, inició con una revisión a los recursos aplicados en el año 2013, de lo cual informó el mismo síndico Arturo Fernández.

Fue el mismo Emiliano Novelo Rivero, auditor del estado, quien notificó al gobierno municipal del inicio de la investigación, la cual es independiente de la que lleva al cabo la Auditoria Superior de la Federación.

En el caso del órgano auditor local revisa los más de 500 millones de pesos que se aplicaron en el 2013, es decir, revisa todos los rubros, tanto obra pública como gasto corriente.

Revisarán con lupa los nueve meses del gobierno de Carlos Mario Villanueva Tenorio, además de los tres meses del gobierno actual.

Por lo que se refiere a la Auditoria Superior de la Federación, analiza 114 millones de pesos reportados como aplicados en obra pública productiva.

Al órgano federal ya se le hicieron llegar expedientes, estados de cuenta bancarios, lugares y fechas donde se aplicaron los recursos provenientes del gobierno federal.

En el palacio municipal ya esperan que a principios del mes de junio lleguen los auditores federales para hacer una revisión física de lo reportado en documentos.

Por otro lado la Contraloría municipal debe retomar la revisión respecto a la aplicación de los 272 millones de pesos que recibió el gobierno pasado por concepto de un empréstito aprobado por el Congreso local.

Esto porque los regidores del PAN han señalado al ex edil como el responsable de la quiebra financiera de la comuna y piden, por lo menos, se le inhabilite.

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