El 9 de diciembre el Senado aprobó modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales que el mismo Senado había aprobado en febrero de este mismo año.

Eso ya suena raro.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales que desde hace años han acompañado la redacción, aprobación e implementación del nuevo sistema de justicia penal, hay un intento desde la PGR para descafeinar la reforma y permitir, entre otras cosas, que el Ministerio Público, con todos sus vicios y problemas, retenga todo el poder que siempre ha tenido.

Así lo explica Layda Negrete, coproductora de la película Presunto culpable e investigadora de México Evalúa: “Los funcionarios de la PGR y de las PGJ de los estados operan a la sombra de la ley, construyen una acusación secreta y, simultáneamente, recolectan ‘rentas’ de acusados y víctimas para que la averiguación previa sostenga tal o cual cosa.

Este fenómeno de corrupción endémica se da gracias a un espacio de actuación que carece de contrapesos. Esto lo saben los usuarios del sistema y los abogados litigantes, quienes son víctimas o testigos cotidianos de la extorsión legalizada de las procuradurías. La propuesta de un sistema acusatorio o de juicios orales pretendía atacar el fenómeno.

El remedio propuesto era mandar al MP o fiscales, junto con el acusado y su defensa, a una audiencia pública de cara a los ciudadanos. En esta audiencia, un verdadero juez controlaría las pruebas al inicio del proceso, eliminando así el monopolio de la extorsión que prevalece”.

El cambio aprobado por el Senado a los artículos 314 y 315 establece que la defensa deberá incorporar los datos de prueba a los registros de la investigación del Ministerio Público y en la audiencia inicial se presentarán únicamente los registros de la investigación con los datos de prueba aportados por las partes pero que controla el MP.

Dicen los defensores de la reforma que el cambio intenta corregir defectos de la audiencia inicial que se han detectado en entidades en que ya opera el sistema.

Según un documento del CIDAC: “Se violenta la lógica del sistema acusatorio al restablecer al Ministerio Público como autoridad, al tener la capacidad de desestimar pruebas presentadas por la defensa”.

¿Por qué la corrección? ¿De parte de quién? La discusión pasa a la Cámara de Diputados.