Difícil imaginar la medida en que se despresurizarán las tensiones políticas por el caso Iguala con la salida de Ángel Aguirre de la gubernatura de un estado en que las manifestaciones han llegado a la vandalización, destrucción y quema de instalaciones públicas y también privadas.

Su caída, obvio, no resuelve lo medular: dar con el paradero de los 43 normalistas rurales, con los asesinos de seis personas (tres de ellas también estudiantes de Ayotzinapa) y atrapar a los autores intelectuales.

Con el Ángel caído, ¿modificarán su habitual rijoso comportamiento los activistas de la facción guerrerense de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los alumnos de la misma escuela normal?

¿Dejarán de secuestrar autobuses, de saquear camiones de carga y de privar del derecho al libre tránsito a quienes circulan por la autopista México-Acapulco?

¿Harán lo propio sus correligionarios en Oaxaca, Michoacán o Chiapas?
Aguirre se va, pero nada garantiza que cese la virulencia ni la comisión de delitos en hipócrita demanda de “justicia”.