Años enteros en Michoacán
Es evidente que la simple detención de cabecillas no elimina, de un plumazo, a los centenares de sicarios, pistoleros y matones.
Años. Años enteros. Todo el tiempo que haga falta. Es lo que tiene que invertir el gobierno federal para limpiar de veras la casa en Michoacán. Y en Tamaulipas y en Morelos, mientras tanto, ni hablamos.
O sea, que hay mucho trabajo por delante. Por lo pronto, Peña Nieto ha hecho los deberes. No sé si se pueda afirmar que el crimen tiene una “base social” (las movilizaciones de jóvenes ocurridas en Monterrey cuando las autoridades comenzaron a acorralar a los delincuentes parecieran testimoniar, por lo menos, de una capacidad de las mafias para reclutar a agitadores cuando haga falta) pero es evidente que la simple detención de cabecillas no elimina, de un plumazo, a los centenares de sicarios, pistoleros y matones que trabajan para Los Zetas, los Templarios, La Familia michoacana, y otras agrupaciones tan sanguinarias como poderosas, en diversos estados del país.
En cuanto a la depuración de los cuerpos policiacos, parece una misión imposible. El mero despido de miles de agentes está al alcance de la mano, desde luego. Pero, si la causa del cese es la traición —es decir, la comprobación de que los miembros de las corporaciones son cómplices de los delincuentes—, entonces el tema ya no es laboral sino judicial. Y, además, ¿dónde están esos fiscales del Ministerio Público, esos investigadores y esos jueces —honorables y capaces, todos ellos— para llevar a cabo tan gigantesca tarea de saneamiento? Serían, por el contrario, parte del problema y, a su vez, un tremendo impedimento: cuando los encargados de la limpieza se transforman en los propios culpables entonces la empresa se vuelve mucho más complicada, por no decir inabordable. No sabemos, a estas alturas, si esta asociación entre unos y otros resulta ya de una estrategia o si es algo escuetamente coyuntural. Y, por cierto, ¿hay cárceles suficientes para encerrar a toda esa gente?
Luego entonces, lo del desarme de los grupos de autodefensa no parece una medida nada aconsejable en la actual coyuntura. El gobierno federal, a partir del momento en que decidió actuar de forma directa y contundente, tiene un dilema: para empezar, no puede ir a contracorriente de un pueblo de Michoacán que, al haber recobrado por su propia organización niveles mínimos de seguridad —gracias, precisamente, a los grupos de autodefensa—, no aceptará ser disuelto o, peor aún, reprimido. Los grupos de autodefensa no quieren perpetuarse en su condición de individuos armados sino, cuando haya mejores condiciones en sus comunidades, volver meramente a sus productivas vidas de siempre Habría, más bien, que seguir colaborando con ellos para asegurarles por lo menos una capacidad de respuesta cuando los canallas, engallados por el muy prematuro retiro de las fuerzas federales, decidan tomar venganza. ¿No está el enemigo, más bien, en otra parte? Digo…