Una denuncia por robo resuelto en tiempo récord fue la primera prueba del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entró en vigor en Quintana Roo el miércoles pasado, y con el que se espera conseguir mejores resultados en la impartición de justicia, al pretender hacerla más expedita, eficiente y más respetuosa de los derechos humanos.

Sin duda que el cambio de lo viejo a lo nuevo siempre trae consigo dificultades, dudas e incertidumbre, sobre todo en el periodo de transición, pero los meses preparando el terreno para el arranque de este nuevo sistema de justicia parecen haber rendido frutos, y de entrada hay un inicio alentador.

Desde meses atrás el titular del Poder Judicial, Fidel Villanueva Rivero, junto con el Procurador Gaspar Armando García Torres, iniciaron con el proceso de capacitación a magistrados, jueces, ministerios públicos, policías y peritos, para prepararlos en todos los pormenores de este nuevo sistema de impartición de justicia.

El nuevo sistema se basa en juicios orales para la resolución de casos, y permite con ello una aplicación de la justicia más ágil y eficiente. En teoría, pretende erradicar los viejos vicios del anterior sistema penal que permitía en muchas ocasiones que gente inocente fuera detenida sin pruebas, y sin respetar sus derechos humanos.

Allí radica la principal diferencia en este nuevo sistema de Justicia, ya que su punto fundamental es la presunción de inocencias de cualquier imputado hasta que se demuestre lo contrario con pruebas sólidas.

También pone énfasis en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, garantizando incluso la protección de sus datos personales si así lo requieren.

Las reglas del juego han cambiado para todos, desde policías, ministerios públicos y jueces, hasta los reporteros de la fuente que tendrán que estudiar bien el librito para no caer en violaciones a la ley que los pueden meter en problemas de índole legal.

Y es que los periodistas tendremos que respetar la presunción de inocencia tanto como los mismos agentes policiacos, de manera que no podrán escribir nada que sugiera una posible culpabilidad de algún imputado en un proceso legal. Aquellas notas donde algún familiar o amigo declara culpable de antemano a algún presunto delincuente dejarán de existir.

Eso sí, para transparentar los procesos en este Sistema Penal Acusatorio las audiencias legales serán públicas, permitiendo la entrada a cualquier ciudadano que lo solicite, lo cual se garantiza en el artículo 5º del Código de Procedimientos Penales.

Sin embargo, aunque los medios pueden ingresar y llevar el registro de los juicios, no podrán ventilar todo lo que suceda dentro de ellos, ni tomar video o fotografías.

De hecho tampoco podrán publicar fotografías ni nombres de detenidos cuya culpabilidad no haya sido demostrada, a menos que los imputados den su autorización expresa, esto acorde al principio de presunción de inocencia.

La responsabilidad de los medios de hacer una cobertura a los casos de manera neutral, sin generar acusaciones o tendencias que pudieran influir en el juicio, será sujeta a sanciones legales, multas y hasta demandas por daño moral.

Cabe señalar que Quintana Roo es el estado número 18 en implementar el Sistema Penal Acusatorio, pero el segundo a nivel nacional en arrancar con el nuevo Código de Procedimientos Penales, con lo que se convierte en una de las entidades piloto para medir la eficiencia de este novedoso sistema de justicia.

Pesada herencia

Pero el anterior sistema de impartición de justicia, caracterizado por el tortuguismo en los procesos judiciales no nos ha abandonado del todo, ya que dejó una herencia de 12 mil casos sin resolver.

Este vergonzoso dato lo confirmó el mismo Procurador Gaspar Armando García Torres, quien señaló que los doce mil casos acumulados por varios años en la Procuraduría seguirán siendo resueltos a la “antigüita”, y estarán en las manos de 10 agentes del ministerio público.

El paquete para estos ministerios públicos es enorme, ya que cada uno tendrá a su cargo mil 200 casos para resolver en promedio, lo que es sin duda una misión imposible, sobre todo si consideramos que un solo caso puede tardar meses en ver la luz al final del túnel.

García Torres indicó que los ministerios públicos tienen la instrucción de dar prioridad a los casos que tienen más de un año en espera de ser resueltos; mientras tanto, las investigaciones más recientes se irán atrasando.

Así se manejaba el sistema de Justicia, y por eso tenía una eficiencia que apenas superaba el dos por ciento de casos resueltos. Esperamos sinceramente que con este cambio, de verdad haya avances en la impartición de justicia. Nuestra sociedad lo merece.

 

Derroche en nómina magisterial

Los datos oficiales son concluyentes: Quintana Roo gasta al día más de 10 millones de pesos para sostener una abultada nómina magisterial donde, para colmo, apenas el 58 por ciento de sus empleados son maestros frente a grupo, mientras que el resto se dividen en directivos, administrativos, supervisores, prefectos e intendentes.

El problema es que cruzando datos del Inegi y de la propia Secretaría de Educación hay por lo menos mil maestros prófugos de las aulas, aunque el secretario de Educación, José Alberto Alonso Ovando, haya minimizado la cifra a solo 156 docentes.

Este turbio asunto es añejo, ya que las comisiones-aviadurías son una práctica muy arraigada en el gremio magisterial y que a pesar de la Reforma Educativa se resiste a desaparecer. Por ejemplo, de acuerdo con los datos publicados en Novedades Chetumal el pasado lunes, habría 308 profesores comisionados por cuestiones sindicales o laborando en áreas administrativas.

Y he allí el meollo del asunto, ¿de verdad necesita la Sección 25 del SNTE los cientos de comisionados que mantiene para “servir” a su gremio?, ¿realmente están desquitando el sueldo?

Por otro lado también habría que preguntarse acerca de la necesidad de mantener a maestros de grupo como secretarios y personal de apoyo en las oficinas de la Secretaría de Educación, donde se cuenta por cientos aunque ya empezaron a regresar a las aulas en muchos casos.

Muchos de esos maestros convertidos en administrativos fueron colocados en una oficina a hacer poco o nada luego de verse involucrados en acciones que merecería un despido inmediato, por abusos contra sus menores alumnos, maltratos y hasta acusaciones de índole sexual.

El modus operandi del SNTE en años anteriores era “proteger” a sus agremiados librándolos del escándalo, por lo que los sacaban del aula y para no exponerlos a situaciones similares en el futuro, los premiaban enviándolos a vegetar a una oficina administrativa. Estos casos se cuentan por decenas.

Así, poco a poco las oficinas de la Secretaría de Educación se fueron llenando de profesores que nada tenían que hacer allí ni en ninguna otra parte.

Es urgente depurar la nómina magisterial y reubicar a los maestros en sus aulas. Los privilegios deben terminar por el bien del estado y de la propia educación, y aquellos que no sirvan para la tarea educativa, deben buscar donde desempeñarse sin sangrar al erario público. No se vale.

Santuario de la muerte

La Bahía de Chetumal, nombrada en octubre de 1996 como el “Santuario del Manatí”, se ha convertido en una zona de muerte para esta especie marina en peligro de extinción por la altísima contaminación que presentan sus aguas y la nula intervención de las autoridades ambientales para proteger el entorno natural de estos animales representativos de Chetumal.

Tan solo en el primer semestre del 2014 han recalado en las aguas de la bahía dos manatíes, uno muerto por causas desconocidas, y uno moribundo, que aunque fue llevado por personal de la Profepa al parque Xcaret para intentar rescatarlo, murió por falla renal.

En este mismo año han muerto también dos delfines narices de botella, otra especie marina en peligro de extinción.

La cifra es alarmante si se considera que el año pasado murieron al menos seis manatíes, dato confirmado en su momento por investigadores de Ecosur, y en los últimos ocho años se estima que han perdido la vida unos 50 miembros de esta especie.

La gravedad del caso se encuentra en que la población total de manatíes que habitan en el “santuario de la muerte” son alrededor de 200, cifra que se ha visto disminuida por los continuos decesos.

Y es que a pesar de ser decretada como un área natural protegida, la Profepa y las autoridades ambientales locales han sido indolentes, permitiendo que las condiciones de contaminación de la bahía se agraven sin intervenir para su cuidado y protección.

Esto quedó claro en los recientes derrames de hidrocarburos que han impactado en la bahía de Chetumal donde, la delegada de la Profepa en la entidad, Ludivina Menchaca Castellanos, se ha limitado a atribuir la afectación a la bahía de Chetumal a causas misteriosas. “Nadie sabe, nadie supo”, parece ser su lema.

Van cuatro muertes en el semestre, y ni la Profepa ni la Secretaría de Medio Ambiente han iniciado acciones para proteger el hábitat de estos animales, y solo la gente del Ecosur se la pasa investigando el estado de las aguas de la bahía, ofreciendo resultados que son desestimados y que se quedan en una carpeta en el escritorio de alguien. Nunca se aterrizan los datos en acciones, pues.

Y mientras los encargados de proteger el Santuario del Manatí miran para otro lado, estos sirenios se acercan cada día más a la extinción.