Muchos políticos exponen la desigualdad como una meta a superar; se trata, dicen, de acortar la brecha de ingresos entre las clases bajas, medias y altas con miras a tener una capacidad mínima de calidad de vida para las familias.

Este es un problema político de origen económico; sin embargo, las herramientas económicas que tienen el Gobierno Federal y el estatal son apoyos solamente: créditos a Pymes y en algunos casos aporte de tierras y naves para industrias de alto impacto de empleo y en el campo regalo de ganado, alambre y semillas.

Pero existen candados al comercio que ya son parte de nuestra realidad y están siempre soportados por leyes que favorecen a las empresas grandes; para comprobarlo vayan a un súper y vean cuántas marcas venden y qué origen tienen; se sorprenderán de la concentración en pocas empresas.

Existen 4 principales factores de la desigualdad.

Bancos. Son pocos y los más rentables del mundo. Hacer un banco es complicadísimo en México, pero las opciones para abrir arrendadoras, factorajes y créditos eran fáciles antes de EPN, ahora Condusef puso costo de supervisión, compra obligatoria de software, multas elevadísimas por incidentes leves y monitoreo de Hacienda por “sospecha de lavado”. El resultado: más de la mitad de las sofomes ya no existen.

Licitaciones. Las grandes secretarías ahora centralizan las compras a un puñado de empresas de la capital que tienen capacidad de surtir a todos los estados; se dejó de pulverizar las compras para que puedan ser alcanzadas por Pymes locales.

Regulaciones y permisos. Si quieres importar un fertilizante, o si quieres producir cemento o hacer una medicina, tienes que pedir permiso a Cofepris, Secretaría de Economía, etc. Son trámites de meses y terminas pagando gestores que te cuestan cientos de miles de pesos; así el propio gobierno crea monopolios y precios altos.

Monopolios disfrazados. Hay supermercados norteamericanos y cadenas de tiendas con las que nadie puede competir en precio; esta simulación de precios acordados desde los países de origen hace que pocas empresas disputen el mercado, ejerciendo una competencia injusta contra miles de pymes. Verificar y regular precios de negocios debe ser atribución de los estados y no de la Federación, con tribunales especializados.

El mercado no sólo es asunto de la Secretaría de Hacienda, ni de Economía. Está en el día a día de las Pymes, cuyos obstáculos a nadie ocupan de los políticos locales; ahí nace la desigualdad.