Ningún turista podría reconocer que viene motivado por la actividad sexual infantil ofrecida en Quintana Roo o cualquier otro estado. Es un delito cuyos detalles son meticulosamente guardados por quienes, supongo, buscan cometerlo o lo protegen. 

Sí, hay “turistas” que vienen por ello. El Instituto Nacional de Migración ha rechazado en el aeropuerto de Cancún, en no pocas ocasiones, a quienes han tenido problemas judiciales al respecto, aunque en excepciones les permiten ingreso debido a resquicios legales, porque la alerta llega tarde o porque ya pagaron condena. Sin embargo, nadie puede asegurar que cometerán tal delito en territorio nacional durante su estadía.  

El problema en Quintana Roo es la ley, el dichoso resquicio legal. El Código Penal de Quintana Roo, Título Cuarto, Capítulo I del apartado “Corrupción de personas menores de edad o de quienes no tiene capacidad”, señala en su Artículo 192 Quáter: “Comete el delito de turismo sexual quien financie, promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio para que una persona viaje al interior o exterior del territorio del Estado de Quintana Roo con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho.”

La frase clave es “con la finalidad”. ¿Quién podría comprobar la “finalidad” de un supuesto delincuente? De no ser por una confesión explícita, lo cual es casi imposible, no hay manera de castigar. El espíritu de toda ley es sancionar los actos, no las intenciones, no las “finalidades”.

Los dedicados a este delito pertenecen a bandas organizadas, bien equipadas, con aparentes cómplices en ámbitos estratégicos. No son delincuentes comunes. Por lo mismo, la secrecía de lo que gira en torno al turismo sexual es absoluta.

La ley es dura con quienes lo cometen: “Al autor de este delito se le impondrá una pena de siete a quince años de prisión”. Pero, insisto, ya que es difícil comprobar una intención, conviene entonces prevenir. 

La Secretaría de Turismo federal firmó recientemente un acuerdo con el Estado de México para prevenir el turismo sexual infantil. Es un instrumento de autorregulación y de adhesión voluntaria de la industria turística en favor de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que permite ya a empresas, organismos y profesionales desarrollar políticas socialmente responsables sobre el tema, así como entre los proveedores de la cadena de servicio y sus clientes.

En el Caribe Mexicano debe replicarse cuanto antes ese ejemplo. Por el aeropuerto de Cancún, los muelles de cruceros de Cozumel y Mahahual, o la zona fronteriza de Subteniente López, entran millones de visitantes, a quienes será difícil comprobar una supuesta intención delictiva. La prevención ayudará mientras los legisladores acuerdan enmendar la ambigüedad e imprecisión de la ley, que se convierte en asunto urgente.