26 de Septiembre de 2018

Opinión

Autoridades, ojo de hormiga

La trata de personas no conoce fronteras. Todo país se ve afectado y México es uno en los cuales este flagelo está tomando fuerza cada vez más...

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La trata de personas no conoce fronteras. Todo país se ve afectado y México es uno en los cuales este flagelo está tomando fuerza cada vez más. La frontera sur del país es paso obligado de traficantes y desde luego de quienes se dedican a vender vidas e inocencia al mejor postor. Las estadísticas exactas sobre la magnitud de la trata de personas en todo el mundo son escasas. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que al menos 2.4 millones de personas en todo el mundo son víctimas de redes de trata con fines de trabajo forzoso, lo que muestra claramente que este delito está muy extendido. De hecho, es una de las actividades criminales de mayor y rápido crecimiento. 

La trata de personas es un delito en el que se explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, que incluyen el trabajo forzado y la explotación sexual y laboral. Lo más grave es que la trata de personas ha cobrado fuerza en las redes sociales: twitter, Facebook e Instagram son solo tres de los canales en redes sociales en los que los delincuentes ‘cazan’ a sus víctimas. 

Aunque la tecnología de la información fue creada para avanzar y mejorar la calidad de vida de los habitantes del planeta, bandas criminales y redes de trata de personas han venido utilizando estas herramientas para convertir este delito en el segundo negocio ilegal más rentable del mundo. Es así como las mafias de proxenetas y organizaciones dedicadas a la trata de personas se han apropiado de la internet y las redes sociales para promocionar sus negocios ilícitos, al punto que cada vez se hace más difícil de detectar por las diferentes autoridades que persiguen en el mundo este tipo de delitos que destruye la vida de niños, niñas, adolescentes y mujeres que caen en sus redes. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el Trafficking in Persons Report 2014, el cual es el último estudio que se ha hecho, es el documento a través del cual se clasifica en cuatro niveles la actuación de los países en el combate contra la trata de personas. Desde 2008 México ha estado en el nivel 2, esto significa que se le considera como un gobierno que ha realizado esfuerzos para su prevención y sanción, sin cumplir completamente con los estándares mínimos para su erradicación. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. 

Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Por lo general, mediante engaños o coacción, las redes delictivas organizadas hacen caer a las víctimas en una situación de abuso de la que es difícil escapar; pueden golpearlas o violarlas, o amenazar a su familia si intentan fugarse. 

Con frecuencia se apoderan de los pasaportes de sus víctimas y de esa forma las privan de toda clase de identificación. En los casos en que estas han sido llevadas a otro país, muchas veces conocen poco o no conocen en absoluto el idioma. Quintana roo es un estado clave desde hace muchos años en este tema, sobre todo porque la frontera con el vecino país de Belice es cruce natural de ciudadanos centroamericanos que van en busca del sueño americano y para conseguir dinero para proseguir su viaje se enredan con traficantes de personas quienes los venden sexualmente por unos cuantos pesos. 

Las autoridades estatales desde hace años se hacen de la vista gorda, no brindan información al respecto y mucho menos dan a conocer cifras, tal vez porque es un delito que no les importa o simplemente porque les da flojera. Existe la esperanza de que las nuevas administraciones por lo menos hagan un análisis de este ilícito y busquen mecanismos para su prevención.

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