Hay que decirlo: no tengo memoria de una investigación e informe sobre alguna de las múltiples tragedias y sucesos criminales mexicanos como la que hemos obtenido de la Procuraduría General de la República en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa asesinados (sí, ahora lo sabemos) por el crimen organizado.

Valga recordar que a la fecha no tenemos algo similar sobre Salvárcar o los estudiantes del Tec, o...

La confirmación científica que conocimos este fin de semana valida las declaraciones de los autores materiales reveladas por Jesús Murillo Karam hace unas semanas. Hoy sabemos qué pasó, cómo pasó y quiénes lo hicieron. Es cierto que quedan algunas dudas pero, pienso, no son materia de la investigación judicial o al menos no alteran, en términos jurídicos, la acusación central. Los dos prófugos guardan aún algunas claves para completar la narrativa criminal, aún incompleta.

No creo que sea sencillo, como quisieran algunos, armar acusaciones contra el ex gobernador o su procurador. Menos aún contra otros políticos nacionales.

Eso no quiere decir, sin embargo, que no se necesiten aún muchas explicaciones de cómo fue que llegamos a esto. Y no creo que esas explicaciones toque darlas a la procuraduría de Murillo, porque no son asuntos de averiguación previa.

Seguirá en los anales de la vergüenza mexicana, y por eso al menos habría que explicarlo exhaustivamente por medio de una comisión independiente, el hecho de que había una multitud de autoridades federales y estatales en conocimiento de la asociación de José Luis Abarca con el crimen organizado y que él personalmente era un homicida, y que aún así nada se hizo.

Cualquier esfuerzo serio para reformar la “justicia cotidiana” para utilizar las palabras del presidente Peña Nieto en su decálogo debe incluir cómo es que fue imposible impedir lo que se veía venir. ¿No se quiso? ¿No se pudo? ¿Qué mecanismos institucionales fallaron? ¿Es un problema sistémico, o de corruptelas o de cálculos políticos...?

La noticia que llegó de Innsbruck cierra un proceso judicial, pero el caso no se ha cerrado.

Si el “superar” del Presidente se convierte en carpetazo, los 43 seguirán persiguiendo a esta administración hasta el final de su gestión. Y más: estaremos condenados a que se repita.