Más allá de los testimonios de tres sujetos que presuntamente mataron e incineraron a 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, presentados el viernes por el procurador Jesús Murillo, la premura de la PGR por ponerle punto final a la investigación de este crimen cometido por las fuerzas de seguridad no hace más que dejar abiertas las puertas de la sospecha sobre la actuación de las autoridades federales en el caso.

En el discurso puede decirse que el asunto sigue abierto, pero el mensaje es claro cuando se presentan los relatos de esos tres integrantes  deGuerreros Unidos, en los que Murillo se basó para afirmar que hay indicios de que los normalistas fueron asesinados y calcinados: se quiere cerrar el expediente.

Este apremio por declarar prácticamente muertos a los estudiantes desaparecidos parece ser un intento por reducir la avalancha mediática que ha caído sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto ante las violaciones a derechos humanos que representan los ataques en Iguala y Tlatlaya (que involucra a militares). Esto, sumado al movimiento del Politécnico, desembocó en una rebelión universitaria.

Y es que partir del hallazgo de restos óseos cerca de un basurero clandestino de Cocula, los hechos se desarrollaron de manera vertiginosa:

En menos de 48 horas, el 30 de octubre, en una acción no vista en las investigaciones, la PGR llevó desde el DF camarógrafos y fotógrafos (sin dar acceso a reporteros) a ese lugar; el 4 de noviembre se capturó a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala y presunto autor intelectual de la masacre, y el 7 de noviembre el procurador presentó “indicios” de que los normalistas fueron ejecutados y calcinados.

En tanto, el miércoles 5 de noviembre, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, dijo con Loret de Mola: “Hay indicios de que (los normalistas) pudieron haber estado cerca de Teloloapan, luego los trasladaron hacia Cuetzala, para después ser divididos en grupos; eso alimenta la fe y la esperanza” de que los estudiantes estén secuestrados, por lo que  mientras no se pruebe que están muertos, debe intensificarse su búsqueda y demostrar que no hay otra convicción que hallarlos con vida. Esta versión, basada en las investigaciones de la fiscalía de Guerrero, a cargo de Iñaki Blanco, choca con la versión de la PGR.

El carpetazo a este caso trae graves consecuencias, porque el requisito era no dejar dudas sobre sus conclusiones. La PGR y el gobierno no lo lograron. Quizá puedan neutralizar la presión mediática, pero sembraron la semilla de la desconfianza en la sociedad.

[email protected]