Corría aún el año 2007 y el rey de España era Juan Carlos de Borbón cuando tuvo el mal tino de exhibir el ínfimo tamaño de su trono delante de un auténtico mandón. “¿Por qué no te callas?”, reprendió el soberano español al comandante Hugo Chávez, entretenido en interrumpir y nulificar al presidente Rodríguez Zapatero.

Unos días más tarde, Chávez se había robado el pleito entero y hacía ver al quejoso monarca como absolutista berrinchudo e imperialista frustrado. Y si allá en Venezuela el tirano se hacía dar trato de soberano, Su Majestad al menos debía dar la cara frente a la tiranía de la opinión pública. El mismo príncipe que lloró como un niño por la muerte del Generalísimo terminaría cuadrado frente a un comandante.

Debe de ser traumático, para quienes descienden de nobles intocables y fueron educados en el deber supremo de sucederlos, darse de bruces con un panorama donde son poco más —y a veces poco menos— que renombrados hijos de vecino.

Vean si no a la infanta Cristina, número seis en la línea dinástica de la corona española, salpicada y a la postre empapada por un escandalazo que la tiene hoy por hoy sentada en el banquillo de los crápulas.

Como sería el caso de su marido, Iñaki de Urdangarin, a quien la Wikipedia todavía recomienda tratar de “Excelentísimo Señor”, imputado hasta ahora por lavado de dinero, malversación de fondos públicos, evasión fiscal, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias y estafa.

A juzgar por la cantidad de cargos y la lluvia de pruebas contra el duque consorte de Palma de Mallorca, sumados a la pública sospecha de que un tinglado así no pudo ser armado a espaldas de una pobre duquesa distraída, diríase que estamos ante una pareja de grandes delincuentes: juicio plebeyo allí donde los haya, pues lo cierto es que varios entre los implicados no alcanzaron, ni quizás aún alcancen a medir los alcances de sus despropósitos. Rebasada por una situación que con toda certeza jamás imaginó, Cristina de Borbón sólo sabe decir que nunca supo nada, y si algo supo ya se le olvidó.

¿Y los demás, qué más van a decir, si muy probablemente hasta anteayer se daban por sujetos de excepción, y por lo tanto técnicamente incapaces de cometer una ilegalidad? ¿Quién, que viva al amparo de una hija de los reyes de España y trabaje para ella y su marido, para más señas duques y filántropos, va a concebirse fuera de la ley, si de los cuentos de hadas en adelante aprendió que los reyes y sus hijos acostumbran vivir muy por encima de ella? ¿Se le podía pedir al iluso consorte de la princesa —medalla olímpica de balonmano, fugitivo del servicio militar por simulacro de sordera total— que entendiera los límites de su buena fortuna, o al menos el concepto secular de “tráfico de influencias”?

Si Hugo Chávez viviera, seguiría carcajeándose del pequeño poder de los pobres Borbones, tras compararlo con la regia reverencia de la que ya ni muerto dejó de ser objeto. Pues al fin mucho se habla de las turbias fortunas personales de los más allegados al comandante Chávez (empezando por su misma familia), pero no hay un fiscal, cuantimenos un juez en toda Venezuela que pueda cuando menos aspirar a llevar a cualquier clase de juicio a tamaños usuarios del derecho divino. ¿Quién, que tenga un altar, necesita de un trono a estas alturas? 

Acusar de ladrona a una princesa tiene, no obstante, sus complicaciones. Es curioso y patético enterarse que el juez la acusa por un lado y el fiscal la defiende por el otro. “¡La culpa es del braguetero!”, dice a gritos la oficiosa defensa del inquisidor, para quien la duquesa Cristina de Borbón es antes una bruta que una delincuente, si atendemos a la tormenta de evidencias que obra en contra de la hipótesis cándida. Es decir que según la fiscalía, la princesa vivía en otro mundo, perfectamente ajena a las maquinaciones del malandro consorte… ¿No será que tanto ella como su amado súbdito el fiscal, así como el autor del regio braguetazo y la pandilla entera que lo acompaña, viven en otro tiempo, donde lo que hoy es abuso y estafa no eran más que caprichos y privilegios proverbialmente propios de su rango?

Por su parte, Juan Carlos de Borbón insiste en que se aplique la ley a los culpables, pero él mismo difícilmente ignora que esto de la realeza resulta cada día peor negocio. Situación doblemente preocupante, si tomamos en cuenta que el peso de los títulos es cada día menor y el costo de ostentarlos se multiplica. Ese pobre infeliz de Urdangarin debió de deleitarse viendo The Tudors y haciendo alegres cuentas palaciegas, de pronto convencido de que al fin cinco siglos no son nada para un Excelentísimo Señor.

Una vez imputada, el juez ha impuesto al duque consorte una fianza de 15 millones de euros; la duquesa, a su vez, deberá pagar menos de la quinta parte. Demasiado, tal vez, para una corte de hijos de vecino.