Para liberar a nueve reos de un penal en la Costa Grande de Guerrero, una banda criminal asesinó la madrugada de este domingo a dos custodios y dejó heridos a otro más y a un presidiario.

En la misma cárcel, pero en abril del año pasado, cuatro internos amanecieron ahorcados con sogas hechas de sus propias ropas, suicidados en sus respectivas celdas.

Como en todo el país, el penal ostenta el eufemístico nombre Centro de Readaptación Social, y opera en la cabecera del municipio Unión de Isidro de Montes de Oca

La versión de que los perpetradores son Caballeros Templarios, dada la vecindad de la Costa Grande con el convulso Michoacán, es altamente probable. 

Hace solo un par de semanas (el 27 de mayo), el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que, ante el riesgo de que criminales michoacanos “brinquen” a Guerrero, fuerzas federales garantizarán la seguridad en Tierra Caliente y Costa Grande.

A pobladores de la zona les dijo: “No están solos. Junto con el gobierno federal, vamos a aumentar la presencia de elementos castrenses y Policía Federal para blindar nuestras fronteras con Michoacán. No permitiremos que la delincuencia venga a contaminar nuestro estado”, prometió.

No precisó a partir de cuándo, pero lo sucedido este domingo revela que ni policías locales o federales, como tampoco desde luego militares, han hecho en la región algo elemental: vigilar el entorno de los 17 penales que hay en Guerrero (todos, por cierto, sobrepoblados; con mezcla de reos del fuero común y federal, tanto sentenciados como bajo proceso). 

Hechos como éste contribuyen a la percepción de que la narcoviolencia en el país es “imparable”.

Uno de los indicadores para medirla es el internacional de asesinatos por cada 100 mil habitantes y, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guerrero son 65: si fuera un país, sería el tercero más violento del mundo y es, por encima de cualquier otra entidad, la más peligrosa de México (bajó a Chihuahua). 
Yucatán, con 2.5 homicidios por cada 100 mil personas; Hidalgo y Aguascalientes, cuatro; Tlaxcala, Baja California Sur, Tabasco y Querétaro entre cinco y siete, son estados “pacíficos”.

En la Ciudad de México, la secuencia de un homicidio en la colonia Condesa, la desaparición de una docena de jóvenes en la Zona Rosa, la ejecución de cuatro personas en un gimnasio de Tepito y una más ayer en el mismo barrio (pese al excepcional despliegue policiaco en sus calles desde hace varios días) genera la impresión de que las autoridades estatales y de la Federación están siendo rebasadas.

Lo cierto, sin embargo, es que en la capital del país el promedio de asesinatos es de casi dos diarios o de nueve por cada cien mil habitantes.

Por ser el delito mayor, el homicidio está en la tercia de crímenes que el gobierno de Enrique Peña Nieto se propone abatir.

Los otros dos: secuestro y extorsión.

Trinca de muy alto impacto, pero emparentados con la delincuencia organizada que, como los templarios de Michoacán que recuperaron ayer a nueve de sus caballeros, tienen diversificada su actuación hasta en actividades… ¡legales!