En el relevo de gobierno no se trata de hacer las cosas distintas, sino mejor. Para todo y todos hay sus tareas. Mancera deberá corregir el obsequioso acuerdo de publicidad del Metro o sustituir la estatua de un dictador por la de Nelson Mandela, ícono de la resistencia y de la lucha por la dignidad e igualdad. Pero el jefe de Gobierno también tendrá que dar continuidad a lo mucho positivo de sus antecesores. También avanzar en lo que no se pudo, como es mantener a raya al clientelismo del partido gobernante en la capital.

Para el presidente Peña Nieto la agenda es monumental. Sea dicho de paso, no hay razón para rechazar que el ex presidente Calderón se integre temporalmente a la  Universidad de Harvard. En todo caso, mucho de lo que no se pudo alcanzar fue por las trampas de la otrora oposición, la que actuó irresponsablemente, privilegió lo particular en lugar del interés del país. A los gobiernos panistas les faltó destreza política y se engolosinaron en el ejercicio del poder. Ahora, después de 12 años, el PAN muestra deterioro en su prestigio y su fortaleza. Hace dos décadas el PAN estaba mucho mejor en su organización, credibilidad y proyecto político.

La enmienda debe correr a cuenta de todos, privilegiadamente del gobierno y de los partidos políticos. El PRD de Zambrano, Ortega y Barbosa es el que mejor lo ha entendido, facilitado por la autoexclusión de casi todos los radicales e intransigentes que se han ido a Morena. El PRD ha sido promotor del Pacto por México y se adelantó al PAN en la necesidad de un acuerdo con el poder que llevara al nuevo gobierno a un giro en muchos de los temas de la agenda nacional. Calderón y Fox fueron obstruidos por la oposición; el oficio y habilidad de Peña y su equipo han logrado que la pluralidad sirva de impulso para los cambios que requiere el país.

Cambiar para mejorar debe ocupar a todos. El trato que el grupo ganador dio a Calderón y a los suyos le da un elevado piso de autoridad moral para revisar al pasado sin que se asuma como revanchismo. Hay temas ríspidos que deben examinarse con la ley en la mano. La ministra Cordero ya empezó con la sentenciada por secuestro Florence Cassez, quien habrá de ser liberada por un indebido proceso.

El tema de los casinos y de los permisos para el juego de apuesta apunta a uno de los mayores escándalos de corrupción. Muchos son los implicados y no solo del PAN. Se requiere modernizar esta área y dar un marco legal que dé transparencia para conocer realmente quiénes se mueven en el sector y un esquema de fiscalización que dé seguridad a usuarios y empresarios y que genere ingresos fiscales, como ocurre en casi todo el mundo.

El país también requiere de un cambio en la relación del Presidente con los poderes federales y los mandatarios de los estados y del DF. No cabe la recriminación ni la desconfianza, mucho menos cuando se hacen públicas. La Presidencia debe propiciar el entendimiento, incluso para promover los cambios de actitud o de conducta de gobernantes, jueces o legisladores. El Presidente es jefe de Estado y debe actuar en consecuencia.

La enmienda mayor no está en materia de seguridad, como muchos suponen, sino en un aspecto sustantivo y de mayor peso: el rescate del Estado. La combinación de debilidad e inexperiencia de los presidentes panistas les llevó a ceder terreno frente a grandes intereses. El monopolio o el imperio de los poderes fácticos ocurrieron por complacencia y negligencia de la Presidencia. No fue un diseño, pero sí la consecuencia de no entender la responsabilidad fundamental del Presidente en hacer valer el interés general frente a los poderosos, así sean sindicatos, el gobierno estadunidense o empresas dominantes en sus respectivos segmentos.

La inseguridad y la violencia son efecto del debilitamiento del Estado, especialmente por la incapacidad de los tres órdenes de gobierno para enfrentar al crimen organizado. Una mala estrategia complicó la situación y agravó aún más la violencia. Las víctimas se cuentan por decenas de miles. Calderón se equivocó en vetar la Ley General de Víctimas, debió haber actuado proactivamente a través del PAN para que en el proceso legislativo se perfeccionara y, en todo caso, el veto debió acompañarse por una iniciativa adecuada al propósito, incluso en forma de preferente, para mostrar interés y compromiso.

El nuevo gobierno quitó el veto a manera de desmarcarse del error. Es claro que las insuficiencias de la ley deberán resolverse, pero era necesario un mensaje inequívoco de los nuevos tiempos de una actitud distinta a las víctimas de lo que ocurre porque el Estado no ha sido capaz de cumplir con su responsabilidad primaria de dar seguridad. Son tiempos de enmendar.