En Quintana Roo, candidatos de todos los partidos han desarrollado sus campañas con normalidad, en un ambiente de seguridad plena, sin amenazas ni hechos violentos que obliguen a renunciar o cambiar estrategias por miedo. Eso debe valorarse.

El contexto en la mayoría de los 14 estados donde habrá elecciones no es igual. En algunos la violencia es asunto cotidiano. 

Por ejemplo, en Nazas, Durango, el candidato perredista a la presidencia municipal renunció debido a las amenazas del crimen organizado. 

En Chihuahua, algo peor: el candidato priista a la alcaldía de Guadalupe y Calvo fue secuestrado.

Ni se diga lo ocurrido en Florencio Villarreal, en Guerrero. El exalcalde y hasta ese día candidato a diputado local por el PRD, Margarito Genchi Casiano, fue asesinado en su casa pocos minutos antes de comenzar la actividad proselitista. Tres años antes, en ese mismo distrito, fue acribillado el candidato de mismo partido, Homero Lorenzo Ríos.

Tras los hechos, la Federación Nacional de Municipios divulgó un dato escalofriante: en los últimos cuatro años fueron asesinados más de mil 200 funcionarios municipales, entre estos se contabilizan a más de 30 presidentes. 

Aquí no se padece tal tragedia. Eso se debe a los múltiples esfuerzos de las autoridades competentes y porque históricamente las condiciones generales de la competencia no rebasan la “guerra sucia”, inevitable en la política y “justificada” en la recta final. 

El Gobierno del estado informó que durante toda la campaña no ha activado alertas, y que las fuerzas armadas resguardarán la documentación electoral y algunas instalaciones consideradas en riesgo.

Los gobiernos municipales trazan ya las acciones para el día de la jornada. Algunos, como el de Othón P. Blanco que argumentó falta de patrullas para la vigilancia el 7 de julio, fueron socorridos por la Secretaría de Gobierno para buscar soluciones eficaces. 

El Instituto Electoral -el árbitro del juego- confirmó recientemente que todos sus funcionarios desempeñaron su labor en calma, sin presiones ni amenazas, lo cual permitió organizar el proceso en orden y fomentar la participación para reducir al abstencionismo.

En tanto, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, diseñó un programa operativo para cumplir sus dos promesas: estabilidad política y paz social. En Quintana Roo, los operadores del sistema han supervisado la aplicación de la estrategia con resultados favorables. Hablamos, por ejemplo, de erradicar el riesgo de infiltración de cualquier grupo criminal o incitar a la ciudadanía para que denuncie los posibles ilícitos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Lo positivo, insisto, es que todas las instancias involucradas fijaron postura común y delinearon objetivos compartidos como los antes señalados.

Todo lo anterior motiva la participación y la reflexión seria para elegir a las próximas autoridades.

Los esfuerzos de protección no solo deben limitarse al proceso, sino que deben convertirse en el inicio para que los futuros funcionarios gocen ciertas garantías de seguridad. Después de los comicios y hasta los primeros días de septiembre (mes en el que asumirán), todas las partes deberán perfeccionar las acciones en la materia, pues se sabe que los delincuentes aprovechan los vacíos de poder y la alternancia para intentar imponer sus condiciones.

Esperemos que al menos hasta entonces todo transcurra con la misma normalidad.

DESORBITADO… 

El video en el que aparecen el ex presidente Jaime Hernández Zaragoza y el presidente en funciones Julián Ricalde Magaña, exhibe, además del acto corrupto escandaloso por sí solo, que los órganos de control, vigilancia, transparencia y auditoría han fracasado en Benito Juárez. Recomponerlos será una tarea urgente del sucesor.