Forzado por las votaciones en varios estados de la Unión Americana en que los ciudadanos eligieron hacer legal el consumo de la mariguana —ya sea con o sin receta médica— el gobierno de México, en particular su presidente Felipe Calderón, cambió su discurso prohibicionista y “retó” al mundo a discutir opciones diferentes que incluyan la posibilidad de normar y regular la producción, distribución y consumo de sustancias hoy consideradas ilícitas.

El viraje tuvo su momento culminante frente a la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas unos días antes de dejar la Presidencia. Era, en muchos sentidos, una enorme derrota. Seis años se había caminado en sentido contrario con las terribles consecuencias que todos conocemos.

La posición de Calderón no era única ni nueva.

Fue la posición que como política pública se aplicó en la mayoría de los Estados Unidos en buena parte de los años 90 y que en algunos rincones de aquel país sobrevive hasta hoy y que ha tenido como una de sus consecuencias sobre poblar las cárceles con adictos o con narcomenudistas que sin representar ningún peligro para la sociedad, sus días en prisión los devuelven convencidos criminales.

En la segunda mitad de sus mandato, Calderón logró incrementar de manera exponencial la capacidad de las prisiones federales, que desde hacía años no tenían espacio para contener miles de detenidos por “delitos contra la salud” y otros delitos federales. Esa situación había saturado prisiones locales —mal cuidadas y diseñadas para otra cosa— de presuntos y sentenciados relacionados con alguna actividad de narcotráfico y otras conductas delictivas graves como secuestro. El sistema de prisiones federales está hoy muy cerca de poder alojar a sus más de 40 mil internos —en 2006 atendía a menos de 4 mil—.

El nuevo sistema de prisiones federales fue construido y dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, que al final de la administración comisionó al CIDE para que hiciera una encuesta entre los reclusos. Los resultados, presentados hace unos días, son una buena radiografía no solo de lo que sucede en los centros sino de algunas consecuencias de la política prohibicionista.

Cito un párrafo de la sección que analiza por qué delitos están sentenciados los reclusos: “Es importante resaltar el alto porcentaje de personas que reporta estar sentenciado por transporte y posesión de narcóticos (siendo la primera y segunda mención más frecuente). Los datos muestran que, del total de las personas encuestadas 23.1% están sentenciadas por posesión y 24.5% por transporte. Otro 9.3% reportó estar sentenciado por venta al menudeo de narcóticos. En otras palabras, 57% de la población total encuestada está sentenciada por estas tres modalidades delictivas y 33.5% de la población total está sentenciada por posesión, venta al menudeo o consumo.

“Aunque habría que analizar con más detalle los casos concretos para conocer las circunstancias (por ejemplo, para conocer las cantidades y sustancias involucradas, la existencia de concurrencia de delitos, portación de armas, pertenencia a grupos de delincuencia organizada, etcétera), el alto porcentaje de personas sentenciadas por posesión, venta al menudeo y consumo resulta preocupante pues sugiere una política de drogas enfocada en detener a traficantes de pequeña escala y/o a consumidores. El alto porcentaje de personas sancionadas por estas modalidades delictivas implica una enorme carga al sistema y significa el uso de recursos que no son utilizados para perseguir y sancionar conductas delictivas de mayor importancia y gravedad social”.

La encuesta del CIDE apunta un fenómeno más preocupante: En el caso de los hombres, 57.6% dijo estar sentenciados por delitos contra la salud mientras que, en el caso de las mujeres, fue 80%. Por cierto, 9 de cada diez entre esas mujeres son primodelincuentes,como dice el documento: “Se trata así de infractoras de normas contra la salud, no violentas y sin antecedentes penales”.

Casi la mitad de nuestros sentenciados por delitos contra la salud son por haber consumido o vendido mariguana. Sí, la droga que es legal en varios estados de Estados Unidos. Y 4 de cada diez están recluidos por transacciones menores a cien mil pesos. 15 por ciento de los encuestados están ahí por transacciones menores a 20 mil pesos.

La encuesta y su análisis, coordinados por Catalina Pérez Correa y Elena Azaola, es un documento sin desperdicio, entre otras cosas porque refleja la consecuencia de un política obsesiva con la prohibición y sus nefastas consecuencias. El estudio es una fuente magnífica para analizar las condiciones educativas, familiares, sociales de quienes delinquen; sus razones y sus circunstancias.

Y para documentar nuestro pesimismo, me despido con un último dato. En la encuesta, las prisiones federales son mejor calificadas en cuanto a comida, trato, actividades y seguridad que las estatales; pero cuando les preguntaron a los reos que consumen droga en el penal quién se las proveía; no tuvieron duda: los custodios. Sí, los que están ahí para supervisarlos. Los servidores públicos.

Twitter: @puigcarlos