El caos que predomina en el Sistema Penitenciario de Quintana Roo terminó por salpicar de muy fea manera al gobierno estatal, que recibió una dura recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las flagrantes violaciones a la dignidad física y psicológica de los internos que viven en sucursales del infierno en las cárceles de Chetumal, Cancún y Cozumel.

Hace apenas un par de semanas, el ombudsman estatal Harley Sosa Guillén difundió el diagnóstico penitenciario realizado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Cdheqroo), anticipando el golpe que venía del organismo nacional que reiteradamente ha catalogado a los centros penitenciarios quintanarroenses como los peores del país.

En su más reciente informe, la CNDH recalcó las carencias de siempre: hacinamiento, espacios inadecuados, mala alimentación, pésimas condiciones de salubridad, autogobierno, violencia, y un largo y repetitivo etcétera.

Lo peor del caso es que estos señalamientos del organismo protector de los Derechos Humanos los vienen realizando desde hace más de una década, pero han sido ignorados por las autoridades locales y en cada nueva visita de supervisión los resultados son aún peores.

Con menos de tres meses en funciones, el gobierno de Carlos Joaquín González tiene ya un petardo encendido en las manos con el tema de las cárceles, pues la recomendación lanzada pone bajo la lupa al estado en esta materia, poniendo presión particularmente sobre la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia responsable del manejo y administración carcelaria.

El titular de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, está obligado a responder con acciones medibles, ya que la CNDH precisó acciones a seguir muy específicas en su recomendación, desde temas como garantizar a los presos una dieta suficiente y adecuada, mejorar los espacios y la seguridad física de los internos, y erradicar los autogobiernos.

No es un asunto sencillo, porque el sistema carcelario está podrido en sus entrañas y seguramente habrá resistencia a cualquier cambio, pero las autoridades locales tendrán que imponer el orden caiga quien caiga, de lo contrario podrían ser sancionadas y peor aún, exhibidas por la CNDH.

¿Destapará Rodolfo del Ángel la cloaca carcelaria para intentar limpiar el cochinero? Tendrá que hacerlo, porque es un asunto muy delicado que se le puede indigestar al frente de la Seguridad Pública del estado.