Un nuevo motín que estalló en esta semana en la cárcel de Cancún expuso el fracaso del sistema penitenciario estatal que en no pocas ocasiones ha sido reprobado por las autoridades federales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las pésimas condiciones en las que viven los reos dentro de los penales.

De hecho, los motines en el conflictivo reclusorio del principal polo turístico de México se han vuelto periódicos, demostrando que son las mafias que mantienen el control dentro de las cárceles las que tienen la sartén por el mango y no las autoridades.

En general, los centros penitenciarios quintanarroenses han sido reprobados en cada revisión a las que han sido sometidos, siendo los principales problemas detectados la sobrepoblación, las malas condiciones de vida de los internos, el escaso o nulo respeto a los derechos humanos de los presos, la presencia de poderosos “autogobiernos”, el fácil acceso a armas, alcohol y drogas, entre otros.

Por supuesto que el origen de todos estos males parte de la corrupción que se ha enquistado en los penales, que embarra lo mismo a directivos y funcionarios de seguridad pública de alto nivel que a simples custodios.

Esta corrupción ha convertido las cárceles en jugosos negocios ilícitos que dejan millonarias ganancias, producto del comercio ilegal dentro del penal y de las cuotas que pagan los internos y sus familias para “garantizar” una estancia tranquila. Extorsión, pues.

Gran parte de estos negocios son operados por los autogobiernos con el amparo de las autoridades carcelarias, que aunque lo nieguen, protegen a los líderes de estas mafias, y cuando alguno se sale del guacal simplemente lo reemplazan inmediatamente por un nuevo “líder” confiable.

En este motín las cosas se salieron de control y los internos rijosos destruyeron mobiliario y expedientes de los juzgados penales adyacentes, que tuvieron que ser reubicados temporalmente, y amenazaron la seguridad de los demás internos.

Fue necesario un intenso operativo con cientos de elementos de la Policía Estatal, Judicial, y de la Marina para recuperar el control del penal.

Tras el operativo fueron encontrados dentro del centro penitenciario unas 300 armas blancas, 67 dosis de marihuana y unas 96 tarjetas para teléfonos celulares. Por supuesto que esto sólo representa la punta del iceberg de todo lo que ingresa ilegalmente a la cárcel.

La información real de lo que sucedió fluye a cuentagotas, y las razones de los reos que realizaron este amotinamiento no se han dado a conocer. Eso sí, de inmediato fueron trasladados de la cárcel de Cancún al Cereso de Chetumal, como castigo por sus acciones.

La tarea de meter orden en los centros penitenciarios recae ahora en el ingeniero chetumaleño Juan Pedro Mercader Rodríguez, que es otra de las herencias incómodas que recibió de su antecesor, el general Carlos Bibiano Villa Castillo, periodo en el que se vivieron los tiempos más turbulentos en las cárceles del estado.

No será fácil para el nuevo titular de Seguridad Pública resolver la situación que priva en los penales y que afecta a miles de internos y a sus familiares, pero sí es urgente que ponga manos a la obra para erradicar la corrupción, acabar con los autogobiernos y salvaguardar la integridad física y los derechos humanos de los presos. Le aguarda un duro paquete.

Una de cal por las que van de arena

Los regidores capitalinos, esos personajes que pocas veces dan de qué hablar -principalmente porque rara vez dan golpe–esta semana se acordaron que son representantes populares y se pusieron la camiseta de ciudadanos, evitando una intentona de cobrar el servicio de estacionamiento por parte de los administradores de Plaza Las Américas.

Resulta que los abusivos administradores del único centro comercial de la capital pretendían imponerun cobro de 10 pesos por el servicio de estacionamiento, aunque las leyes municipales establecen que este tipo de establecimientos comerciales deben contar con estacionamiento gratuito para sus clientes. Debido a esta ley, los representantes de la Plaza están obligados a solicitar autorización al municipio para poder realizar este cobro, por lo que procedieron a presentar el plan ante el cabildo capitalino.

De acuerdo con la versión de algunos regidores, la administradora de la plaza, Erika Coldwell,presentó la intención de concesionar el servicio de estacionamiento a una empresa privada que cobraría los 10 pesos a cambio de nada.

Y es que según la representante del centro comercial ni la plaza ni la susodicha empresa serían responsables de robos, cristalazos y percances que pudiesen ocurrir a los vehículos estacionados en el lugar, lo que ocurre con demasiada frecuencia y en las barbas de los guardias de seguridad privada de Plaza Las Américas.

En un lapsus de sentido común, los regidores de todos los partidos se manifestaron en contra de la iniciativa empresarial para sangrar aún más los bolsillos ciudadanos y batearon la propuesta de la Plaza, provocando un gran enojo en la administradora.

La decisión fue aplaudida por todos los ciudadanos que se enteraron, e incluso en las redes sociales se gestaron llamados a boicotear a Plaza Las Américas,cuyos mandos supremos, a pesar de monopolizar el comercio y de recibir enormes beneficios por concepto de rentas estratosféricas, pretenden seguir lucrando a costa de la gente.

Desbarata CNDH ley “antimarchas”

La polémica ley “antimarchas” propuesta por el diputado priista Juan Carrillo Soberanis y aprobada por el congreso local, vuelve a ser noticia, ya que el líder de la bancada priista, Pedro Flota Alcocer, reconoció que tendrán que hacer una nueva modificación eliminando “dos palabras” referentes a la prohibición de realizar bloqueos, por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

La controvertida iniciativa quedó convertida en papilla después de la revolcada que recibió por parte de la ciudadanía en primer lugar, después fue descafeinada por el área jurídica del gobierno estatal, que la sometió a una intensa revisión, y ahora la CNDH le da el tiro de gracia.

Por si fuera poco un grupo de perredistas cancunenses presentó un amparo contra esta ley por considerarla contraria a las garantías individuales, mientras que otro grupo de  ciudadanos chetumaleños presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del estado un documento solicitando su intervención para echar abajo la iniciativa.

De la versión original que incluía algunas restricciones que rayaban en lo absurdo, como ese punto que obligaba a los manifestantes a solicitar “permiso” con 48 horas de anticipación para hacer valer su derecho, quedó un remedo de ley que no sirve para nada.

SAT Vs. empresarios

Tremenda reacción han tenido varios empresarios capitalinos luego de que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó a la mala sus cuentas bancarias para cubrir los adeudos por conceptos de impuestos, maniatando a los comerciantes locales que ya no ven lo duro sino lo tupido.

El que habló acerca de este hecho fue el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, el chetumaleño Jorge Marzuca Ferreiro, que dijo en palabras más palabras menos que estos operativos de embargo desatados por el SAT en nada contribuyen a mejorar la situación económica del sur del estado, que está en franco estancamiento desde principios de este año, gracias a la entrada en vigor de las nuevas reformas fiscales.

El líder empresarial local manifestó que ya hay varios afectados por los embargos a sus cuentas bancarias en esta capital y en Cancún, y que esta agresiva medida para cobrar los impuestos no hace más que ahorcar a los comerciantes, que sin esos recursos difícilmente podrán sostener sus negocios y los empleos que producen.

Los argumentos presentados por el presidente del Consejo son contundentes, y los empresarios afectados tienen mucha razón en estar enojados, ya que la situación que se vive en el sur luego de que se aprobó la homologación del IVA es deplorable, obligando a muchos negocios –sobre todo restaurantes- a bajar sus cortinas.

En su calidad de líder empresarial, Marzuca Ferreiro dijo que es urgente una revisión a la Reforma Fiscal a la que tildó de inservible porque no está funcionando, y por el contrario dijo que los índices locales de productividad y crecimiento van en caída libre.

El problema es que la exigencia de uno de tantos dirigentes empresariales que existen en Chetumal y en el estado llegó demasiado tarde, porque la Reforma se aprobó y ya está caminando con sus efectos devastadores para muchos.

Y mientras se cocinaba, las agrupaciones empresariales hicieron mutis, presentaron algunos reclamos tibios, y los líderes brillaron por su ausencia. Aun cuando los diputados federales priistas Raymundo King de la Rosa y Lizbeth Gamboa Song aprobaron el incremento al IVA en las fronteras, no dijeron ni pío.

Es demasiado tarde para rasgarse las vestiduras por la aplicación de la Reforma Fiscal, pero aún están a tiempo de reagruparse y hacer funcionar sus agrupaciones –aunque normalmente solo sirven como botín político para sus dirigentes– de manera que puedan defenderse ante los embates del SAT.

Porque en algo tiene razón Jorge Marzuca, y es que los micro y medianos empresarios necesitan incentivos fiscales que contribuyan a la productividad y generen consumo para lograr crecimiento, en lugar de medidas represivas que acabarán con muchos de ellos, provocando más crisis y desempleo en el golpeado y castigadísimo sur del estado.