La sangrienta tragedia ocurrida en el atractivo antro “Blue Parrot”, ubicado en el corazón de Playa del Carmen, conmocionó a muchos y puso en alerta a los tres niveles de gobierno que recibieron una estocada del desafío que enfrenta nuestro norte turístico, amenazado por una delincuencia que ha azotado otras zonas del país con más furia.

El ataque al club nocturno, donde efectuaban la clausura de un festival internacional de música electrónica, dejó cinco muertos y 15 heridos, algunos de ellos turistas extranjeros.

La noticia de la masacre acaparó los titulares de la prensa nacional e internacional por la fama mundial del evento musical y sobre todo por la relevancia turística de la Riviera Maya, nuestra zona de mayor crecimiento. Y más allá de la importancia de nuestro destino turístico, nos duele la muerte y la agresión a inocentes que se divertían a rienda suelta en el Caribe. 

Con su decisión de cancelar toda su agenda pública para estar pendiente de las investigaciones sobre el doloroso suceso, el gobernador Carlos Joaquín González lanzó un mensaje contundente que fue asimilado por su equipo en materia de seguridad y procuración de justicia. La reacción del gobernador estuvo a la altura del desafío delictivo.

“Todos los crímenes son condenables, pero sin duda, lo son más aquellos que generan consecuencias para personas inocentes. Mi compromiso es hacer que respondan ante la justicia quienes cometieron estos condenables actos de violencia”, expresó el gobernador.

“El estado se encuentra en orden, y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno estamos trabajando para detener a los responsables y procesarlos hasta las últimas consecuencias”, prometió Carlos Joaquín.

El candente caso está en manos de la Fiscalía del Estado, cuyo titular Miguel Ángel Pech Cen entregó ayer un escueto recuento de los hechos e informó que había cuatro detenidos relacionados con la matanza, sin abundar en detalles.

En el pasado reciente, la simulación y la criminal complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno abrieron las puertas los embates delictivos. Aquí podemos destacar la pasividad de una Procuraduría General de la República (PGR) muy activa hasta la década de los 90, y que fue perdiendo sus garras hasta dejar toda la carga en hombros de la policía estatal y municipales.

Estaremos atentos al curso de esta investigación, un bautizo de fuego para el equipo del Fiscal General Miguel Angel Pech Cen.