21 de Septiembre de 2018

Opinión

Carne de cañón

Pretender sustituir a los maestros removidos implicará poner en riesgo la vida de aquellos que ingenuamente piensen que serán recibidos con los brazos abiertos en aquellas comunidades.

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La orden de fuego a discreción en contra de los maestros paristas al fin fue ejecutada sin miramientos y consideraciones de ninguna clase, al cumplirse los cuatro días de paros, desde las unidades de la SEP enclavadas en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Las últimas 4 mil 253 bajas serán cargadas a la cuenta del presidenciable Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, sumando en total 9,700 docentes desde que asumió la titularidad de la SEP en agosto de 2015, cuando en la cacería contra los maestros paristas o por negarse a presentar el examen docente, relevó a un desgastado Emilio Chuayffet.

Este motín que se inició a finales de agosto del 2013, cuando, en sesión extraordinaria del Congreso, se aprobaron la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa  (INEE), dos de las leyes secundarias de la Reforma Educativa que implantaron la evaluación del sistema educativo nacional y en consecuencia la evaluación obligatoria de los maestros, se ha caracterizado por permanentes actos de saqueo, destrucción de bienes del Estado y de particulares, principalmente en los bastiones y plazas de la CNTE.

Ante los ilícitos cometidos, tanto del fuero común como federal, los cabecillas de la insurgencia magisterial han sido protegidos de alguna manera para quedar fuera del alcance de la ley, como lo demuestra esta última maniobra de la SEP; siempre han pescado a los peces chicos, hoy la red sacó pura sardina, pero… ¿y los peces grandes como José Luis Escobar Pérez, de la Sección 7 de Chiapas y Rubén Núñez de la Sección 22 de Oaxaca, o bien Walter Añorve, Antonia Morales Vélez, Manuel Salvador Rosas, Ramos Reyes Guerrero, dirigentes de las fracciones en que está dividida la CETEG de Guerrero?; ¿qué hay en contra de Eugenio Rodríguez y Manuel Zavala, líderes de la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del magisterio en Michoacán, y de Francisco Bravo, integrante de la Sección 9 de la CNTE en el DF?, ¿hasta cuándo?

Pretender sustituir a los maestros removidos implicará poner en riesgo la vida de aquellos que ingenuamente piensen que serán recibidos con los brazos abiertos en aquellas comunidades, no olvidemos que, tras cada maestro despedido sin liquidación, habrá una familia en desamparo económico. No más carne de cañón con esta reforma que, si bien busca elevar la calidad de la educación, utiliza métodos terroristas.

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