Durante sus primeros meses al frente de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam insistía en una docena de entrevistas que se encontraba una institución desmantelada, en estado crítico. Varias de las acciones de la procuraduría se encaminaron a subsanar abusos y excesos de la anterior administración, experta en armar acusaciones con métodos dudosos.

Ahora, Murillo y su procuraduría han sido sorprendidos con dos decisiones del poder judicial en los casos de Raúl Salinas de Gortari y Rafael Caro Quintero, que son claras críticas a la manera de proceder de la procuraduría y sus ministerios públicos. Ninguno de los casos ni las decisiones son hechuras de Murillo, sino de otros procuradores, otros ministerios públicos.

La primera reacción de algunos ha sido acusar —sin prueba alguna— a jueces o magistrados de corrupción. Creo que las cosas son más complicadas que eso. El deterioro de la PGR, su falta de capacidad técnica frente a abogados particulares o su abuso por razones políticas es un asunto de hace décadas. La misma institución que ahora perdió el juicio contra Raúl Salinas por enriquecimiento ilícito es la que lo acusó de asesinato con una vidente y una osamenta falsa.

El desastre en la Procuraduría General de la República es igual de grave que en las locales. En estos días quien había sido acusado de matar a la corresponsal de Proceso en Veracruz ha salido libre, porque su confesión fue bajo tortura y había sido arrestado sin orden judicial. En este espacio hemos mencionado más de una vez las aberraciones del caso Martí en la procuraduría capitalina.

Lo que hoy estamos viendo es resultado de varios procesos simultáneos: por una parte, desde la reforma de Zedillo, el Poder Judicial ha ganado independencia y poco a poco mayor y mejor capacidad técnica. El Poder Legislativo ha aprobado reformas legales, varias constitucionales, que dan mayor protección a los ciudadanos y ha puesto en primer lugar el respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso. Y al mismo tiempo hemos visto el abandono en el Ejecutivo de ministerio públicos, que de seguir así están condenados a seguir perdiendo casos.

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