El primer y magnífico resultado del debate que echaron a andar Miguel Ángel Mancera y Salomón Chertorivski es que ha puesto a todos en su sitio.

Los sindicatos no quieren más dinero, los empresarios no creen que haya nadie que gane el salario mínimo —o algo así han explicado—, un PAN con pocas ideas intenta robarse una, la mayoría de la comentocracia es hija de los reaganomics y el gobierno quiere que todos seamos “muy serios” al hablar del tema y dialoguemos por la República.

Dos personajes, sin embargo, han tomado rumbos extraños. El primero es Aristóteles Núñez, titular del SAT, que en algún foro universitario le entró al tema y dijo que no tenía sentido aumentar el mínimo si no aumentaba la productividad.

Más allá de todos los expertos que han probado aumentos de productividad emparejados con caídas en el salario, ¿qué hace un recaudador de impuestos opinando sobre el mínimo? En fin.

La mayor sorpresa ha sido la del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. El ex secretario de Hacienda aprovechó una presentación la semana pasada para darle con todo a la propuesta de Mancera.

Cito de Notimex: “Un incremento arbitrario en el salario mínimo puede provocar tres reacciones  ‘indeseables’ en las empresas, advirtió el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. La primera es que las empresas decidan trasladar ese aumento en costos a los precios del consumidor final, lo que generaría más inflación. La segunda alternativa sería simplemente correr al trabajador o no contratar a ningún trabajador adicional. Una tercera opción es que el empresariado evada el salario mínimo, pese a que la ley diga que tiene que pagar más, lo que ‘va a aumentar la informalidad’”.

Todo mal, según el señor Carstens.

No soy economista, pero hago cuentas.

La última propuesta de Mancera aumentaría 13 pesos el mínimo diario, $390 al mes. Según el Inegi, hay 700 mil personas que ganan el mínimo con 40 horas de trabajo a la semana. Es decir: 273 millones de pesos al mes.

Para ser claros: Carstens advierte que un aumento de 390 pesos al 0.5 por ciento de la población mexicana es algo que las empresas mexicanas no pueden aguantar.

Si tiene razón, es eso y no el mínimo, lo que nos debería de preocupar con urgencia.

O a lo mejor solo les da un catarrito.