A pesar que desde el 2010 existe una ley para “regular” los servicios que prestan las casas de empeño, la realidad es que estos oscuros negocios continúan operando con las manos libres, ya que dicha ley, promovida por el entonces diputado chetumaleño Gustavo García Bradley, únicamente faculta al estado para autorizar o no autorizar la apertura a los empresarios de este ramo.

Pero ni siquiera en eso se ven los efectos de la supuesta regulación, pues las casas de empeño continúan multiplicándose, ya que son negocios que florecen durante las crisis económicas.

El problema no es que existan, sino que realicen sus actividades comerciales con una patente de corso, pues en la mayoría de ellas ofertan productos de procedencia ilícita con descaro y en las narices de las autoridades hacendarias y policiacas.

Basta hacer un recorrido por las casas de empeño ubicadas en pleno centro de Chetumal para percatarse de la gravedad del problema, ya que al menos en tres de ellas están a la venta unas minicomputadoras educativas que no salieron a la venta, sino que únicamente fueron entregadas a escuelas primarias y secundarias para el uso de los alumnos.

¿Cómo llegaron esas mini laptops a las vitrinas de las casas de empeño? La única respuesta es que fueron robadas a las escuelas y después vendidas a estos negocios a los que no les importa en absoluto la procedencia de los productos que reciben.

Se han convertido entonces, en promotores del delito, ya que los ladrones que mantienen asolada a la capital donde se reportan unos 10 robos a casa habitación diariamente, tienen un ingreso seguro vendiendo el botín de sus fechorías a estos empresarios sin escrúpulos.

Y no es todo el problema, porque las casas de empeño también se han convertido en atracadores expertos de sus propios pignorantes, con tasas de interés que pueden llegar a superar el 200 por ciento anual, monto impagable para las personas que acuden, por necesidad, a empeñar algunas de sus pertenencias.

El abuso empieza desde que reciben un producto a precios de ganga, ya que por regla sólo dan prestado cerca del 30 por ciento del valor real de lo empeñado, pero para recuperarlo las personas pagan más del triple de la cantidad prestada.

Recientemente la Suprema Corte sentó jurisprudencia para evitar el cobro de intereses excesivos por pagarés, método común que utilizan financieras y prestamistas para inflar las deudas y despojar a las personas de sus propiedades, por lo que ya hay base legal para actuar contra los abusos en préstamos.

La ley actual para regular las casas de empeño no sirve. Los legisladores locales deben retomar el tema de inmediato para armar un marco legal que verdaderamente proteja a los ciudadanos de estos comercios rapaces.