Esta semana se cumplen cinco años de que se encontró sin vida el cuerpo de Fernando Martí Haik, quien fuera secuestrado la mañana del 4 de junio del 2008 y asesinado por sus captores después de recibir el pago del rescate.

Unas semanas después, el 22 de agosto, su padre, Alejandro, asistió a la reunión del Consejo de Seguridad y frente al Presidente de la República, buena parte de su gabinete, los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal dijo: “Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”.

Cinco años después de aquella tragedia y aquel reto no hay un solo sentenciado por el secuestro y muerte de Fernando. Ni uno. El Estado mexicano en cualquiera de sus versiones: local o federal; como policía, Ministerio Público, abogado defensor o juez, ha sido incapaz en 60 meses de concluir un solo proceso. 

Peor aún: durante años ha mantenido uno de los asuntos más bizarros del que muchos abogados tengan memoria. En dos juzgados, en dos competencias, la federal y la local, tiene como acusadas y procesadas a dos mujeres por contener el mismo acto, por ser la misma persona.

Los alumnos de la clase de fundamentos para la investigación y análisis jurídico de la maestría en periodismo del CIDE dedicaron un semestre a revisar los expedientes del caso. El resultado de ese ejercicio se publica en la edición de agosto de la revista Nexos, que circulará a partir del miércoles.

Como dicen las últimas líneas del reportaje: en estos cinco años “se han perdido la verdad histórica de la tragedia Martí, la justicia para las víctimas y la posibilidad de creer que por lo menos en un caso, en uno con la fuerza pública que tuvo éste, el Estado mexicano era capaz de impartir algo parecido a la justicia. Pero no pudo. Y hasta la fecha nadie ha renunciado”.