1. Esto sabemos los mexicanos, según la mayoría de las encuestas, testimonios y reportajes: que el sistema de justicia está podrido, que la reina de las pruebas, casi la única, es la confesión, obtenida en muchos casos mediante tortura, chantaje y otros métodos cuestionables.

Desconfiamos de nuestras policías y no nos falta razón. Nuestras experiencias, si uno no se mete en líos mayores, tienen que ver con una mordida por pasarse un alto, un intento de extorsión por alguna otra falta menor. En las noticias es cotidiano que la captura de alguna banda de secuestradores o robacoches incluya a uno o más policías. Nuestras autoridades se la pasan depurando las corporaciones policiacas, lo que implica que nuestras corporaciones están podridas de tal manera que merecen constantes y masivas depuraciones.

2. Hace un par de años, la película Presunto culpable puso en las pantallas del cine la evidencia gráfica de algo que cualquier mexicano que haya tenido contacto con el sistema de justicia sabía: que los jueces nunca se aparecen en el juicio, que los policías judiciales presionan a los testigos para que mientan y señalen falsos culpables, que los Ministerios Públicos son cómplices de estas barbaridades y que sí, se condena hasta dos veces a un hombre inocente a veinte años de prisión. Me tocaron muchas salas de cine abucheando al juez, al MP, a judicial, al testigo mentiroso. Llorando por la desgracia de un hombre que según “el sistema judicial” era culpable de asesinato (dos veces). Millones de mexicanos —no exagero— han visto la historia y algunos, quiero pensar, recuerdan los datos sobre el desastre que son nuestros jueces, ministerio públicos, juicios… Presunto culpable es el documental más visto en la historia de México.

3. Gracias a muchas mentiras y exageraciones sobre su actuación; gracias también a que fue la cara más visible de una batalla hoy en descrédito; Gracias, también, a muchos errores de su parte, la soberbia tal vez el peor de ellos; Genaro García Luna es uno de los personajes de nuestra vida pública reciente más repudiado por la opinión pública en todas y cada una de las encuestas. Creo que debe andar apenas por encima de Elba Esther Gordillo en popularidad.

4. En los últimos años, el gobierno de México se ha distinguido por argumentar con éxito a veces, con menos éxito otras; ante circunstancias internacionales que nuestros connacionales en el extranjero, en particular en Estados Unidos, han sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales, por tanto se ha violado el debido proceso; y por tanto deben ser exonerados. En el caso, por ejemplo, del mexicano José Ernesto Medellín, se trataba de un muchacho mexicano condenado por la violación y asesinato de dos jovencitas en Texas. Con vigor y sin importar el crimen, México argumentó que no debía ser ejecutado por haberse violado sus derechos. La opinión pública y publicada aplaudió la actuación del gobierno del presidente Calderón.

Si los cuatro incisos de arriba tienen algo de verdad, ¿cómo es que un operativo de Genaro García Luna en el rancho Las Chinitas, hace siete años, terminó teniendo tal credibilidad que las últimas 36 horas la Suprema Corte de Justicia ha sido vapuleada en la opinión pública?

No tengo más que algunas pistas.

Todas desesperanzadoras.

1. Es la más grande de las ironías que la reacción a la votación de la Corte, y por lo tanto al proyecto del ministro Zaldívar propuesto por la ministro Sánchez Cordero, no haga más que probar que el proyecto estaba en lo correcto: el efecto de la exposición mediática del caso, en particular del montaje, había sido brutal sobre el principio de presunción de inocencia. La inmensa mayoría de los mexicanos decidió, desde aquella mañana, que la señora Cassez era culpable. El resto —investigación, juicio, sentencias, apelaciones—sobró. El poder de la tele por encima del poder del proceso penal.

2. El espíritu del fallo de la Corte emana de la reforma constitucional al sistema de justicia penal del 2008, el cual está en proceso de implementación en el país. Debido proceso y presunción de inocencia son conceptos relativamente nuevos en nuestro país. Muchos que repudian el actuar de la AFI hace siete años han dicho que eso no debía obstar para que la francesa fuera condenada. Pero la fracción IX del 20 constitucional es tajante: “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”. Evidentemente no es un concepto que la sociedad mexicana acepte con facilidad. ¿Qué tanto es tantito?, parecen preguntar algunos.

El debido proceso no es un “tecnicismo”, es el único camino para lograr la justicia. El concepto no parece ser muy popular entre los mexicanos.

3. Algo similar sucede con el concepto de presunción de inocencia. A partir del 2008, la Constitución dice que todos somos inocentes hasta que después de un proceso judicial apegado a las normas seamos declarados culpables. Ese proceso judicial incluye, por supuesto, a la SCJN. Hoy, para la ley —y nada más tenemos para regular nuestra diaria convivencia— Florence Cassez es inocente. A juzgar por lo que he leído y escuchado desde el miércoles, esta idea de que la culpa penal sea asignada por las cortes no tiene demasiados adherentes.

Estos primeros apuntes me hacen pensar que muchos de los enemigos de la reforma penal del 2008 aprovecharán la decisión Cassez para obstaculizar su implementación total, programada según la ley para el 2016. La volverán a tildar de “garantista”, “imposible de aplicar”, “no apta para mexicanos”. Exigirán que nuestro desastroso status quo, sea eterno.

Creo, a bote pronto, que esa será la mayor y lamentable consecuencia del caso de Florence Cassez.

Twitter: @puigcarlos