Los inconformes con el gasolinazo, la amplia mayoría de la gente, como en el caso de las decepciones amorosas, si ni siquiera tienen disposición para escuchar los argumentos que justifiquen el desaguisado, menos están en condiciones de aceptarlos, por más razonables, higiénicos, asépticos y técnicamente bien elaborados que parezcan los esgrimidos por Antonio Meade desde la Secretaría de Hacienda, aunque los repita el presidente.

Pues, tanto aquí como allá, lo que se demanda, ante lo inevitable y seguramente irreparable, más que convicción, es arrepentimiento; lo que constituye la antesala del auténtico propósito de enmienda, que conlleva la reparación del daño, en la medida de lo posible, para evitar, además de los perjuicios residuales, que vuelva a suceder, si de lo que se trata es de restañar o mantener la relación.

Los interesados en el rompimiento, por más complicidad que hayan desempeñado en el desliz, intentarán por su lado hacer hincapié en la magnitud del agravio, presentando como imposible su reparación. Nada extraño pues son quienes siempre, abierta o soterradamente, han buscado-empujado afanosamente el motivo de la desavenencia, por pensar que conviene a sus intereses.

Hay también quienes tienen como único objetivo el lucro, sacarle provecho material, económico, a cualquier circunstancia y los hay desde los más burdos que saquean comercios, oficinas públicas y propiedades privadas con violencia, hasta los más sofisticados que desde la comodidad de sus oficinas se dedican a subirle el precio de manera desproporcionada  a las mercancías. Del 20%, recetó el representante de la Cámara de Comercio yucateco cuando se le inquirió sobre el incremento de precios a que dará lugar el gasolinazo; como el de los combustibles (16%) pero redondeado o, si quiere, copeteado; sin considerar el porcentaje que representa la gasolina en la composición de los costos.

Y es que hay muchas cosas, para disminuir el explosivo potencial del gasolinazo, que desde el gobierno se tienen que hacer, aunque ninguna pasa por tratar de convencer a los dirigentes políticos empecinados en encontrar en cualquier evento fortuito el casus belli, la chispa que provoque la mítica “revolución espontanea”.

Y, antes que amenazar con cerrar temporalmente el IMSS, el Seguro Popular o el Progresa, hay que partir de reconocer el apresuramiento y lo inoportuno de la medida, ahora ante el inicio del incierto gobierno de Trump.

Pero lo principal sería garantizar que no habrá más incrementos en este año, así como tomar las acciones pertinentes para demostrarle a la población en general, y los empresarios en particular, que se usarán todos los instrumentos necesarios para evitar los incrementos desmesurados de precios, que puedan exacerbar la inflación, porque parece razonable que con una inflación entre el 4 o el 5% todavía nuestra economía puede, poco pero puede, crecer. Con una mayor resulta imposible.