La Suprema Corte de Justicia de la Nación pugna por la necesidad de que todas las entidades de la República respeten el Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

"La reforma se inserta en el marco de transición del modelo de justicia penal preponderantemente inquisitorio, a uno acusatorio y oral. Resulta necesaria la homogeneidad normativa para la eficaz operatividad del sistema, toda vez que las profundas diferencias entre una entidad y otra impactan en la calidad de la justicia".

La pregunta es si Quintana Roo ya se encuentra lista para implementar este centro de Justicia Penal Federal

"No pueden darse el lujo de cometer margen de error, la gente espera justicia y espera justicia pronta, expedita y correctamente.

En el Marco del Nuevo Sistema Procesal Acusatorio, a la fecha suman ya ocho los Centros de esta naturaleza en el país.

La necesidad surge a partir de la Reforma Constitucional que reconfigura los procesos penales bajo los principios de: oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, entre otros.

A la fecha suman ya ocho los Centros de esta naturaleza, los cuales operan en los Estados de Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán.

La necesidad de contar con centros especiales para la impartición de justicia dentro de este nuevo sistema nace con la Reforma Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la cual reconfigura los procesos penales bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, entre otros.

A consecuencia de ello, otorga a los juzgadores un rol más participativo, transparente, basado en el respeto pleno a los derechos fundamentales de imputados y víctimas.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal se construye, a través de una cultura de legalidad, dado que se entiende como una demanda ciudadana, que ahora es norma legal y Constitucional". 

Cabe recordar que el plazo dispuesto para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Oral vence en junio de 2016, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales entre plenamente en vigor y sustituya a los Códigos Procesales de las 32 entidades federativas, así como al Código Federal de Procedimientos Penales.

Para el 2016 se contará con 44 Centros de Justicia Penal Federal, en las 32 entidades del país operados por 144 jueces especializados en la materia.

Para la apertura y operación de los Centros, que hoy se tienen y de los que serán creados en fechas próximas, el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto énfasis en la capacitación requerida, tanto de los juzgadores dentro del nuevo modelo, como para el personal administrativo encargado de su funcionamiento.

El Consejo de la Judicatura Federal ha cuidado que la construcción de las salas de oralidad, de otros espacios físicos requeridos y que el equipo tecnológico necesario, sean debidamente acompañados por la capacitación al personal, para asegurar su correcta operación.