Recientemente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la encargada de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, acordaron fortalecer la frontera sur de México con lo cual Chetumal se convierte en una zona geoestratégica importantísima. El acuerdo no solo se limita a migración, ya que hace más de una década ambos países firmaron acuerdos en seguridad, inteligencia, tecnología y procuración de justicia. El tema migratorio es el argumento constante aun cuando atrás se ocultan invaluables intereses binacionales.

Esta vez el pacto compromete al estado mexicano en una situación de alerta permanente determinada por las percepciones de su vecino del norte, es decir, se responderá con base en lo que a Estados Unidos inquiete.

El encuentro se concretó semanas después de que académicos del Colegio de la Frontera Norte y el Centro “Woodrow Wilson” presentaran un informe mediante el cual descartan haya terroristas en la frontera entre México y Estados Unidos, como se publicó días antes a dicho informe.

¿Hay o no amenaza terrorista en México? Si la hay, como se ha dicho, acceden a territorio nacional por dos estados: Chiapas y Quintana Roo. Ambos con una vasta y descuidada franja limítrofe con Guatemala y Belice, respectivamente.

Descuidada, porque la delicada situación se atiende solo durante alarmas. La mayoría de los acuerdos entre los países involucrados se firmaron tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Desde entonces la alerta se ha activado en episodios específicos, como cuando se atajó el intento de ingresar a Saadi Gadafi, hijo del ex dictador libio Muamar Gadafi. 

Descuidada, insisto, porque son innumerables las carencias de los organismos encargados de la seguridad nacional, los cuales desempeñan múltiples funciones en la zona.

Hace algunos años lo constaté en terreno con el entonces comandante de la extinta Policía Fronteriza, Mario May Pinzón, quien durante un recorrido en lancha identificó la mayoría de los puntos ilegales de conexión fronteriza en el río Hondo. Ahí, en la frontera natural de más de 100 kilómetros, registramos sitios donde polleros, indocumentados, traficantes y delincuentes desarrollaban sus actividades.

El problema, reconoció entonces el jefe policial, es que no había elementos, recursos económicos ni instrumentos suficientes para detectar a tiempo los hechos criminales. Ni siquiera disponían de combustible para las pocas camionetas y lanchas en operación. Al inicio de las operaciones contaban con 15 vehículos, dos lanchas y más de 50 elementos. Antes de la desaparición, hace ya algunos meses, tenían entre 12 y 15 integrantes activos.

La realidad no ha cambiado a pesar de que los informes de Estados Unidos aseguren que México desplegó fuerzas de seguridad adicionales e instrumentó controles rigurosos para frenar el tráfico de ilegales, fayuca, drogas y armas. 

Si en verdad la cooperación entre ambos países es tan amplia, los migrantes de Centro y Sudamérica no serían víctimas de bandas criminales ni de servidores públicos, o se habría capturado a tiempo a quienes cometieron delitos durante largo tiempo. 

Un ejemplo al respecto, divulgado hace poco y que pasó casi inadvertido, lo presentó el columnista Carlos Loret de Mola. Cito: “La Procuraduría General de la República detectó que el jefe regional de la Policía Ministerial en Quintana Roo, Enrique Humberto Pavón Flores, cobraba ‘en especie’ por el tránsito de productos prohibidos. Según la averiguación previa 062/FECCI/QROO/2013, el modus operandi consistía en que el Ejército o la Policía Federal detenían un camión con mercancía, la incautaban y al ponerla a disposición de la PGR empezaba la trampa: la mitad de la fayuca se la quedaban los funcionarios y giraban los oficios para un acto de destrucción de los ‘objetos del delito’. Se supone que los iban a triturar o quemar pero eso nunca sucedía, sólo se simulaba. 

“La otra mitad se devolvía al fayuquero privado, incluso en una ciudad distinta a la del aseguramiento, es decir, podían detectar el hecho ilícito en Chetumal y regresarle sus camiones —ya ordeñados, claro— en Cancún. Las cinco horas de transporte corrían por cuenta de la PGR”.