En las reformas de 2005, 2007 y 2011, los partidos defendieron el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización que les permite maniobrar para endosar 50 por ciento de los gastos a las candidaturas que se jugaron en las elecciones, y el otro 50 repartirlo como se les dé la gana (prorrateo).

Los que apoyaron a López Obrador distribuyeron en porcentajes que van de 17.5 a 30 por ciento para su candidato presidencial y los de Peña Nieto le cargaron tan solo 1 por ciento (en ningún caso con intervención del IFE).

En 2006, el PAN decidió asignar… ¡0 por ciento! a Felipe Calderón, y nadie chilló.

Deplorable, pues, la farsa complacencias de ayer, representada por los consejeros Marván, Figueroa, Córdova, Nacif y Elizondo (aplauso para el voto en contra de Baños, Guerrero y Valdés).

En julio, el dictamen de la Unidad de Fiscalización sobre la campaña presidencial será esencialmente idéntico, y con la auditoría a las demás campañas, para tranquilidad del respetable, vendrán las multas millonarias al PRI (y quizás hasta al PAN), por lo mismo exactamente: pasarse de la raya.