Después de una semana de intenso jaloneo y oscuras negociaciones en el seno del Congreso, al fin, la Ley General del Servicio Profesional Docente fue aprobada con el acostumbrado mayoriteo de votos en vez del consenso y la razón. Fue un gran circo donde vimos de todo. Los mismos malabaristas políticos que un día se desgarraban las vestiduras a favor de los derechos de los maestros, al otro día, trajeados desde su curul, defendieron estoicamente las bondades de la reforma educativa.

Pese a la trascendencia de las decisiones que se tomarían, el protagonista central de esta historia, el SNTE, no apareció en tribuna; los nueve votos de su partido (Nueva Alianza) llevaron la línea presidencial. Su notoria ausencia en el desarrollo y fin de esta historia contrasta fuertemente con la rebelión inicial de su ex presidenta vitalicia, Elba Esther Gordillo, a quien por este imperdonable pecado le exhibieron los trapos sucios y la encerraron para calmarla.

La ejemplar decapitación sirvió de escarmiento para que todos los “siervos” de la estructura sindical se postraran ante su nuevo rey.

Los dirigentes del SNTE muy pronto asumieron su nuevo rol: el de “paleros”. Millones de pesos de las cuotas de los trabajadores se invirtieron para abiertamente manifestar que: “Estas leyes recogen las propuestas que hemos planteado, respetan nuestros derechos laborales, y deben ser la base para fortalecer el orgullo de ser maestros, re-dignificar la profesión docente y reafirmar el aprecio social al magisterio.” 

Ya quisiéramos a un diputado de izquierda para que sea nuestro líder nacional, de esos que, con los argumentos legales, señalaron las controversias constitucionales y las futuras afectaciones laborales para los maestros.
Las protestas y paros del magisterio yucateco pronto aparecieron ante el abuso de poder. Los maestros merecemos respeto, no necesitamos estar amenazados por la Ley para trabajar bien. Por unos cuantos, pagamos todos.