Claroscuros de la educación en México

Las recientes reformas a las leyes hacendarias buscan transparentar el gasto público en educación además de combatir la corrupción y el desvío de recursos públicos.

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Tratar de entender lo que verdaderamente pretende este gobierno para el sector educativo está en chino. Las negociaciones de la Secretaría de Gobernación con los maestros de la coordinadora para que regresen a las aulas en sus respectivas entidades sólo se han cumplido a medias pues el gobierno del DF y el PRD siguen cobijando la protesta magisterial como la gallinita de oro que les permite negociar, al amparo del Pacto por México, todo tipo de prebendas olvidándose de la educación de los niños como un derecho constitucional.

Tenemos una realidad llena de contradicciones, citando el estudio “Panorama de la Educación 2010” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país destina más del 22 por ciento de sus fondos públicos a educación, superando incluso a países como Finlandia o Japón, punteros de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), sin embargo, el 51 por ciento de los estudiantes obtuvo conocimientos “notoriamente insuficientes” o “insuficientes” en áreas como lectura y ciencias, además de ocupar el último lugar en matemáticas. Se invierte mucho gasto público en educación a cambio de pobres resultados si lo comparamos con el 13.3 por ciento que invierten otros países.

Otro dato contradictorio es que México gasta mucho en bajos salarios, pues si consideramos que más del 90 por ciento de los recursos destinados a la educación se destinan al pago de profesores y del personal administrativo y de intendencia, los ingresos de los docentes mexicanos se encuentran entre los más bajos de la OCDE, en el lugar 27 de 33. Urge ya revertir estas tendencias negativas en el sector educativo; la correcta aplicación y transparencia en el gasto educativo es la clave. 

Las recientes reformas a las leyes hacendarias buscan, sin duda alguna, transparentar ese gasto además de combatir la corrupción y el desvío de recursos públicos destinados a educación. La nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental obliga a las Secretarías de Educación (federal y estatales) a facilitar el acceso a su información financiera a través de enlaces electrónicos en sus páginas de Internet.

A esto le llamo agarrar al toro por los cuernos y ojalá no sea tan sólo una llamarada de petate para centralizar nuevamente la nómina magisterial como ocurrió en décadas pasadas.

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