A pocos días de que termine el ciclo escolar, la Secretaría de Salud a través de la Dirección Estatal Contra Riesgos Sanitarios inició una intensiva revisión de las “tiendas escolares” con resultados desastrosos, pues la mayoría de ellas no cumplen con las normas mínimas para mantenerse en funcionamiento.

Durante la semana pasada al menos cinco tiendas de diferentes primarias y secundarias de la capital fueron clausuradas, mayormente por no haber realizado la fumigación de los locales donde se ubican y por el manejo antihigiénico de los alimentos.

Lamentablemente esto es una realidad. El esquema actual en el que funcionan las tiendas escolares permite a cualquier persona competir para brindar ese servicio al interior de los centros escolares, sin más requisito que una muestra de alimentos a los Consejos Escolares, donde por medio de una votación se decide al ganador.

De acuerdo con las reglas de operación de las tiendas escolares, éstas están obligadas a ofrecer a los alumnos alimentos sanos, saludables y manejados con estrictas normas de higiene para contribuir a su buena alimentación, evitando las frituras, las golosinas y las bebidas saturadas de azúcares.

Pero la realidad es completamente diferente: prácticamente todas las tiendas escolares incumplen con las normas y venden alimentos altos en grasas y de escaso valor nutritivo, además de que son raras las que cuidan la higiene en el manejo de los alimentos.

El argumento de los concesionarios de tiendas escolares es que no cumplen la regla simplemente porque los alimentos saludables tienden a ser caros y los alumnos no los compran, y que incluso prefieren comprar alimentos con los ambulantes que asedian las escuelas en la hora del recreo.

Se quejan porque mientras ellos tienen que pagar una cuota diaria a la escuela, los ambulantes no pagan esa cuota, además de que en muchos casos venden alimentos sin tener autorización de las autoridades salud y no los clausuran, porque operan en la informalidad.

Ante la competencia desleal deciden igualarse en precios, sacrificando la calidad de los alimentos y tirando a la basura todos los esfuerzos por combatir la obesidad infantil.

El desorden en los concesionarios de tiendas escolares es crónico y evidente, y no parece haber autoridad capaz de meterlos en cintura. Corresponde a la Secretaría de Educación verificar que su operación sea legal y que los ingresos reportados a las escuelas sean reales y se utilicen para el mejoramiento de los planteles educativos, mientras que la Secretaría de Salud debe apretar la vigilancia para garantizar la higiene de los alimentos que consumen los niños y adolescentes en sus escuelas.