Con la reciente confirmación de formal prisión para Elba Esther Gordillo, exdirigente del poderoso sindicato de maestros, para continuar su proceso en prisión, se demuestra que en nuestro país se están viviendo cambios en relación con la impartición de la justicia y la vigencia del Estado de Derecho, cuyo requisito fundamental es que tiene que ser parejo.

Ahí queda demostrada, además de la clara voluntad del Ejecutivo Federal para procesar a quienes violan la ley, cualquiera que sea su estatus, que nuestras instituciones para la investigación del delito pueden ser y están siendo más eficientes.

Que, contrario a lo que sucedía en el régimen calderonista, la impartición de justicia no debe estar directamente relacionada con la coyuntura electoral, ni debe ser utilizada para fines de proselitismo partidista, como sucedió con el tristemente célebre “michoacanazo”, en el que, pasadas la elecciones, tuvieron que soltar a los presuntos implicados por falta de elementos.

Porque sólo de esta manera, desligando el castigo del delito de motivaciones extrajudiciales, es como puede lograrse la vigencia indiscutible del Estado de Derecho. Sólo aplicando las leyes de manera pareja, sin excepciones originadas por el rango social o el poder económico de los delincuentes, es como puede combatirse la impunidad.

Y es la única manera como la sociedad mexicana puede avanzar contra la jettatura de la corrupción que desde tiempos de la Colonia nos fue endilgada como una característica intrínseca de nuestra manera de ser, de nuestra cultura, y que pretende hacer partícipe de ella a la sociedad toda, en el mismo grado, independientemente de la mayor responsabilidad social que tienen las autoridades y los que tienen más solvencia económica.

Como sucede con las cúpulas empresariales de la localidad que exigen que las autoridades gubernamentales no lleven a cabo auditorías en sus empresas, o bien que les avisen con anticipación para ponerse en orden, o que habiendo sido pillados en falta, por incumplir la normatividad o por evadir impuestos, sean exentados de la sanciones correspondientes con su sola promesa de que se corregirán.

Por eso representa, a mi juicio, una buena señal que en estos momentos puedan ser investigados por sus presuntos delitos 4 exgobernadores de diferentes partidos, así como también presidentes municipales con sospechosa relación con el crimen organizado, lo mismo que otrora intocables cabezas de empresas como Oceanografía, que creció a la sombra de la impunidad que se originó de sus relaciones “exclusivas” con el Ejecutivo.

Pero, dado que no hay despropósito mayor que poner la ley al servicio de las ambiciones electorales, en el combate contra la impunidad un avance importante pudiera ser  que se acaben las acusaciones sin sustento que, con motivos de campaña, se usan para desprestigiar a los candidatos o partidos en contienda.