Durante los últimos días hemos conocido masacres en otros Estados que conmocionan al país entero. Aún impunes algunas, han motivado marchas, debates o críticas incluso en el ámbito internacional, poniendo en desventaja al gobierno en materia de seguridad y derechos humanos. Porque la impunidad se asocia a la debilidad institucional y a la pérdida de confianza en las autoridades.

Lo que ocurre en otras entidades, no puede suceder en Quintana Roo, donde casos como el del atentado a la casa de citas de la supermanzana 67 (donde murieron cuatro) deben ser aclarados hasta en sus detalles. Haber detenido a los aparentes responsables ha sido, en dicho tenor, un acierto que debe ser reconocido en su justa dimensión.

La impunidad está relacionada con la corrupción y el tráfico de influencias, acaso tres de los peores males. Por eso castigar algo impune brinda la sensación de bienestar en un sentido más completo. Más allá de eso, con actuaciones contundentes se devuelve en parte la seguridad mermada, se garantiza la justicia y se expone la idea de que trabajan en la prevención para que no ocurra otra vez.

Esto último tiene una connotación especial, dadas las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía divulgadas hace poco. Durante 2013 se registraron 33.1 millones de delitos en el país, que afectaron a 22.5 millones de personas, lo cual equivalió a 213 mil millones de pesos, o sea, al 1.27 por ciento del PIB. 

Muchos delitos, desde robos hasta ejecuciones masivas, siguen impunes. El dato más escandaloso es que 6 de cada 10 adultos considera que la inseguridad es el principal problema en su Estado. Todo esto, se insiste, con base en la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

En el municipio de Benito Juárez la principal preocupación es la inseguridad y el robo el mayor problema de ésta. En este año de funciones, la Policía de Cancún ha logrado disminuir el índice considerablemente gracias a una estrategia integral: poner más elementos en la calle, usar más Inteligencia y tecnología, y activar operativos con blancos fijos en zonas estratégicas. 

En ese contexto es conveniente recordar la capacitación de los agentes y la certificación en el rubro de control de confianza (“acreditables” casi 100 por ciento), con resultados favorables, pues sin policías adiestrados adecuadamente se corre el peligro de la impunidad, sobre todo con un nuevo sistema de justicia penal en puerta, el cual tiene la presunción de inocencia entre sus principales ejes rectores.

Se ha avanzado, pero falta por hacer, reconocen jefes policiales de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Por ello es importante destacar los golpes al narcotráfico, el esclarecimiento de atentados, las detenciones por ejecuciones, la reducción de la tasa delictiva y la cooperación internacional para deportar a buscados por agencias policiales de otros países, como sucede en Quintana Roo.  

El primer paso ya se dio. Al “Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, una política multidimensional para México en el siglo XXI”, se incorporaron la impunidad y la corrupción como “factores de riesgo” que originan violencia y delincuencia, entendidos los primeros como causas estructurales de estas últimas.

Una primera evaluación fiable del desempeño la otorgan los cónsules acreditados en Quintana Roo, quienes reconocieron logros en temas criticados por ellos en reuniones anteriores. Aun así, la tarea no está hecha completa. Eso sí, de seguir en esa dirección, se fortalecerá el Estado de Derecho, un tema en boga por estas fechas.

El fin debe consistir en permanecer alejados de los sitios más inseguros del país, lo cual implica sancionar la impunidad en todos sus niveles.