Aunque muchos lo nieguen, resultar electo como candidato para algún cargo de representación popular no es más que el resultado de haber desarrollado las tareas adecuadas para obtenerlo. Lo contrario también es cierto, muchas veces cometer un error en el último momento suele truncar, momentáneamente, alguna prometedora carrera política.

Considerando los desvelos que ocasionan en los políticos la necesidad de asegurar el próximo puesto, resulta muy importante mantenerse vigente ante la opinión pública, lo que puede ser ejemplificado con la fábula del lorito que, a pesar de sus alas, prefiere tener una patita en la rama actual y la otra en la siguiente. 

Es algo común en todos los partidos, los protagonistas pasan de puesto en puesto aunque sean criticados por la gente por no concluir con los cargos para los que fueron electos, como en el caso de los “políticos chapulines” que hoy son los delegados del DF que renunciaron buscando alguna diputación. Así la Presidencia Municipal de Mérida puede ser vista como la antesala a la candidatura para la gubernatura del Estado.

Como es un comportamiento normal entre todos los políticos, a ello atribuimos la avidez de Renán Barrera por una diputación plurinominal, primero federal y luego local; perdió la primera por su comportamiento vacilante en la confrontación Madero-Cordero y la segunda por bajar a Paz de la candidatura por Mérida.

Empero, lo que verdaderamente sorprende fue lo revelado por Freddy Heredia, conocedor de los entretelones de la vida partidista del PAN, que, antes de la elección interna, quiso presionar a dos jerarcas del panismo local, Xavier Abreu y Benito Rosel, argumentando que le urgía el fuero, pues temía que lo atacaran y lo enjuiciaran. O bien el alcalde blofeaba para justificar su actitud de lorito, o realmente no tiene tranquila la conciencia, lo que parece más factible.

Temor plenamente justificado en estos tiempos en que nada ni  nadie puede escapar del escrutinio público y donde militar en algún partido, en el poder o en la oposición, no constituye un argumento suficiente que impida ser llevado a juicio.

Y para ello no es necesario que haya una denuncia, pues las cuentas de los ayuntamientos son por ley revisadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, que tiene la obligación de procesar a los responsables de las irregularidades cometidas, incluso por incumplir las normas sobre concursos y licitaciones que se deben seguir en las compras y adquisiciones.

Al alcalde lo debe tener con pendiente que una de las compras de mayor monto en su administración y que se destinó a las lámparas de alumbrado público fue a un precio mayor del de venta al público y, lo peor, evadiendo la licitación reglamentaria arguyendo una situación de emergencia, sin que hubiera algún reporte meteorológico, o de alguna autoridad que la sustentara.