El Partido Acción Nacional lanza amenazas: no va a suscribir los postulados adicionales de la reforma energética, pendientes de ser tramitados en el Congreso, si doña justicia se emperra en involucrar a distinguidos panistas en el embarazoso tema de la empresa Oceanografía. 

¿Van entonces a intentar echar por la borda (aunque ya sea demasiado tarde, de todas maneras) la madre de todas las transformaciones estructurales para meramente cobijar a su gente o llegarán a un acuerdo con los acusadores? No es que no quieran que se haga justicia, dicen, sino que no sean divulgados prematuramente los nombres de algunos correligionarios suyos que parecen estar embarrados hasta las narices en las corruptelas. Hay que respetar el secreto del sumario, vamos.

¿De qué estaríamos hablando? Pues, por lo que parece, de justicia con dedicatoria en lugar de justicia a secas. Pero, ¿dónde está la independencia de los Poderes? Bueno, sabemos, por lo pronto, que la Fiscalía de la nación, la famosa Procuraduría General de la República (PGR), es un órgano del Poder Ejecutivo Federal, encargado de perseguir todos aquellos delitos que rebasan el ámbito del Fuero Común y que, en su condición de responsable directo del Ministerio Público Federal, puede emprender, como parte acusadora, las acciones penales para sancionar los quebrantamientos de la ley. En principio, el tal Ministerio Público es un ente independiente de los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

Pero, en la práctica, la PGR se ha servido del aparato del Estado para iniciar acciones judiciales que parecen haber estado directamente promovidas por el jefe del Ejecutivo y que, en algunos casos, han sido inauditas, por no decir totalmente esperpénticas. No hablemos ya de ese cadáver que apareció, inexplicable pero muy oportunamente, en la casa de Tampico de Joaquín Hernández Galicia, el poderosísimo líder del sindicato petrolero, cuando éste cayó en desgracia: es mucho más escandaloso todavía el episodio de Francisca Zetina, conocida como La Paca, que ofreció sus servicios de adivina a la PGR para localizar los restos del desaparecido Manuel Muñoz Rocha en la finca El Encanto, y sustentar así una denuncia de homicidio contra Raúl Salinas de Gortari. 

Que los responsables del órgano acusador que monopoliza el ejercicio de la acción penal del Estado puedan utilizar los servicios de una pitonisa en lugar de llevar a cabo las investigaciones con la asistencia de la policía científica nos habla de un país muy poco serio, por decir lo menos.

Tal es el negro pasado de la antedicha institución. Pero entonces, ¿la PGR no debería de emprender siquiera acciones de investigación para ventilar un caso que, a todas luces, incrimina directamente a varios panistas de relumbrón y que, por ello mismo, tiene inevitables derivaciones políticas? Y, sobre todo ¿debe el PAN responder con posturas de corporativismo y encubrimiento siendo que está de por medio un tema, el de la reforma energética, en el que sus coincidencias con el PRI han sido determinantes?

Hay más, sin embargo, en este entorno de súbitas defecciones y reacomodos donde el Pacto por México no parece ya más que una lejana entelequia: el PAN y el PRD se han unido en su rechazo a unas leyes secundarias que no sólo contradicen lo que fue planteado originalmente en la reforma de las telecomunicaciones sino que violan los propios preceptos de la Constitución, por no hablar del retroceso que su aprobación significaría en términos de la independencia y autonomía de los entes supervisores (esencialmente, el IFETEL). 

Esta alianza circunstancial parece menos interesada y resulta de una preocupación legítima: entre otros puntos discutibles, ciertas regulaciones sobre el sector no deberían de volver a las manos de la Secretaría de Gobernación, como en los viejos tiempos. En todo caso, los dos principales partidos de la oposición en este país han conformado un frente común.

Todo esto nos lleva a plantearnos una pregunta: ¿es en tales condiciones como va a emprender el Congreso las más intensivas y demoledoras sesiones de trabajo para aprobar, al vapor y en un tiempo récord, decenas y decenas de leyes sobre temas de absoluta trascendencia para la nación mexicana? El panorama, con perdón, no parece muy prometedor.