Sin duda la salida de Ángel Aguirre de la gubernatura de Guerrero significará una breve pausa en el conflicto provocado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de seis personas el pasado 26 de septiembre, pero de ninguna manera representa el fin del conflicto.

No puede dejarse de lado que la desaparición de decenas de estudiantes a manos de cuerpos policiacos es un asunto que involucra al Estado mexicano en todos sus niveles, pues se trata de un crimen cometido por quienes deberían garantizar la seguridad de los ciudadanos y que en lugar de hacerlo se pusieron a las órdenes del crimen organizado.

Más allá de que se pueda no coincidir con las formas de protesta de organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero o los propios normalistas de Ayotzinapa, sus acciones tienen como origen el estado de pobreza y marginación que los guerrerenses, como muchos otros mexicanos en otros estados, viven desde hace décadas.

Al final, este estado de cosas es el que no puede ser soslayado. La solución de conflictos como el que comenzó en Iguala pasa por el reconocimiento de décadas de marginación, injusticias, inseguridad y crimen.

Hoy, más allá de su posición radical, los normalistas de Ayotzinapa y sus familias son las víctimas. Por eso, si el gobierno federal quiere resolver esta crisis que hoy es internacional, debe garantizar que el resultado de las investigaciones del caso cuente con el aval y el reconocimiento de los familiares de los muertos y desaparecidos a manos de los policías de Iguala y los narcotraficantes de la banda Guerreros Unidos.

Sin duda, el esclarecimiento de este crimen es fundamental para generar estabilidad en Guerrero y a escalas nacional e internacional, pero sobre todo para dar una muestra de justicia que tanta falta hace a los mexicanos.