Con el montón de irregularidades financieras detectadas en varias dependencias y organismos públicos en el gobierno de Roberto Borge Angulo, hasta el momento en Quintana Roo los funcionarios que se sirvieron con cucharón su tajada del erario –o que en el menor de los casos fueron cómplices del saqueo– siguen despreocupados, como si nada, ante los movimientos perezosos en su contra desde el Congreso local.

La desidia es inadmisible en estos casos cuando el latrocinio está plenamente comprobado y la sociedad exige justicia, por lo que nuestros diputados tendrían que apurar el paso para guiar a los responsables ante los tribunales.

Apenas ayer, el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández –quien preside la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta– presentó un informe final de las irregularidades detectadas en la línea aérea paraestatal VIP Saesa, con números de pesadilla: 40 millones de dólares (800 millones de pesos) más 319 millones de pesos gastados de manera irresponsable en subcontratación de empresas aéreas privadas cuya utilidad se desconoce.

Esta información se da a conocer casi tres semanas después de la comparecencia del director general de VIP Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez, quien estuvo a cargo de la compañía durante la última década, parcialmente en el gobierno de Félix González Canto y todo el de Roberto Borge Angulo.

Emiliano Ramos y los integrantes de su comisión presumieron este informe como un segundo paso para llevar a la justicia a los implicados en el atraco al erario, pero lo cierto es que la ropa sucia sigue amontonada con nauseabundos expedientes como el de la Comisión de Agua Potable (CAPA), el Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE) y la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Gustavo Guerrero Ortiz, Claudia Romanillos y Juan Pablo Guillermo, ex titulares de la CAPA, IPAE y Sefiplan, andan muy campantes, sin sentirse amenazados por las tibias acciones de los legisladores y de las nuevas autoridades, que la verdad sea dicha, parece que no tienen muchas ganas de acabar con la impunidad.

Si hay los elementos para demandar penalmente a los ex funcionarios e incluso llevarlos a la cárcel, es necesario que los diputados abandonen la nube triunfalista y le den celeridad al asunto, porque en la tardanza corren el riesgo de que los implicados preparen su estrategia de defensa o se escapen sin rendir cuentas de sus actos.