El paquete de leyes anticorrupción se aprobó. El presidente ha aceptado la posición manifiesta de la cúpula empresarial que este mal es sólo responsabilidad de los políticos. Si la iniciativa privada participa no se le puede culpar, pues es sólo para defender su derecho a tener más dinero para gastar en banalidades, en un país lleno de gente que no tiene ni para comer. En consecuencia, los grandes proveedores del gobierno y los beneficiarios de privatizaciones y concesiones estatales se mantendrán fuera del escrutinio ciudadano en su manejo de los recursos públicos. En las nuevas leyes, sin embargo, algunos de los más notables instrumentos de corrupción pública y de particulares quedaron sin ser tocados ni con el pétalo de una objeción. Tal es el caso de las licitaciones por invitación y del dinero para obra pública administrado por los diputados.

El primero es un mecanismo fascinante que permite a los gobiernos limitar los concursos de obra pública a grupos en extremo reducidos de competidores, escogidos a voluntad. Se pervierte así la función básica de las licitaciones, dando total discrecionalidad para cerrar esas oportunidades a numerosas empresas y profesionales competentes en beneficio de unos cuantos privilegiados e influyentes, al tiempo que se deja de garantizar que el gasto público se ejerza en las mejores condiciones de calidad y precio.

Igual de impresentable es la asignación de partidas presupuestales para que los diputados ejerzan a su discreción una parte de ese gasto. Esto viola el principio constitucional de la separación de poderes, según el cual toca al legislativo normar y vigilar el ejercicio del presupuesto, cosa que no puede hacer legítimamente si al mismo tiempo lo ejerce. El gasto público debe destinarse a cumplir metas específicas, diseñadas claramente para atender las necesidades de la sociedad y no el capricho de uno u otro diputado. Esto sería muy grave aun si cada centavo se invirtiera en lo que se anuncia, sin desvíos. En la práctica, dada la arbitrariedad en su ejercicio, esta partida se ha vuelto un multiplicador de la corrupción en el Congreso, que, a través de los “moches”, ha alcanzado niveles no vistos en la historia reciente.

Bien haría la cúpula empresarial en también hacer plantones para acabar con estas prácticas.