Totalmente contraproducente resultó para la imagen del presidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinoza Abuxapqui, los resultados que arrojó la revisión a la entrega recepción y en la cual el ex presidente municipal, Carlos Mario Villanueva, salió “limpio” de cualquier acto de corrupción y solo con culpa “moral”.

Ese fue el dictamen del actual gobierno quien fincó responsabilidades a funcionarios de nivel medio porque, dijo el primer edil, nunca involucraron a Villanueva Tenorio quien, ni por omisión resulta culpable de alguna irregularidad.

Pero el resultado no fue avalado por los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) y el concejal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Federico Hernández Amador, quienes inmediatamente se deslindaron y aseguraron que se protegía a los verdaderos culpables.

Sin embargo las cosas no han quedado ahí, los regidores de oposición han pedido información a fondo para realizar su propio análisis, petición a la cual se ha sumado el priísta Israel Hernández Radilla, quien ha dicho que no meterá las manos al fuego por nadie.

Con ello el presidente municipal, a tres meses y medio de haber iniciado su gobierno, ya comenzó a perder el apoyo de los regidores tanto de su partido como de oposición.

Para los panistas el presidente municipal protege a su antecesor, porque además al inició de su gobierno Espinoza Abuxapqui habló de serias irregularidades en obras públicas y en una serie de direcciones municipales, sobre todo en Fiscalización.

Sin embargo ahora los dos ex titulares de esa área, es decir Angel Hernández Marín y Jorge Rodríguez Choc, solo fueron objeto de una amonestación pública, es decir, nada.

Hay que recordar que el mismo Espinoza Abuxapqui dijo que fue Fiscalización y Comercio en la vía pública donde mayor corrupción se encontró y que se había removido o despedido a la mayoría de los inspectores. 

Como sea el caso es que el dictamen no ayudó en nada a la imagen del presidente municipal, quien ha insistido en que no hay elementos para fincarle responsabilidades a su antecesor y no interpondrá demandas que posteriormente se caigan por no estar debidamente sustentadas.

Por otro lado donde sí se habla de acciones legales en serio es en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde su actual presidente municipal Luciano Cimá ya ha dicho que dará parte a la Auditoría Superior del estado por un faltante de 36 millones de pesos que supuestamente ingresaron a la comuna en el gobierno anterior y que ahora no aparecen.

Tales recursos son producto de una transferencia de dominio, pero ahora y pese a que se han encontrado evidencias de su ingreso, no aparecen en las arcas municipales. 

El presidente municipal habló también de los sueldos que devengaban los anteriores funcionarios y dijo que casi llegaban a los cien mil pesos mensuales.

Qué decir de la ex presidenta municipal Trinidad García Argueles, y posteriormente su suplente, José Arnulfo Bacelis, quienes, aseguró, rebasaban esa cantidad.

Pero además les dejaron una deuda de proveedores de cinco millones de pesos y, para el pago de tal deuda realiza una revisión a fondo para que los supuestos proveedores demuestren que en realidad prestaron un servicio a la comuna y fue pago de favores políticos. 

En estos dos casos no hay que perder de vista que el ex presidente municipal de Othón P. Blanco es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que en Lázaro Cárdenas gobernaba el Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Pero aún falta la revisión de las cuentas públicas del 2012 y 2013 en el Congreso local, donde se dirá la última palabra respecto a lo encontrado en los ejercicios de los diez municipios. 

Tales cuentas tienen que ser revisadas y aprobadas, en el caso del ejercicio fiscal 2012, en el primer semestre del presente año.