Sobra decir que la tragedia de los estudiantes normalistas en Iguala ha dado lugar a un sentimiento de indignación y de enérgico reclamo que a todos une. Repentina e inesperadamente un hecho de barbarie exhibe la gravedad de la inseguridad y la insuficiencia de las acciones para enfrentarla, al menos en esa región del país. La crisis ha activado un juicio muy crítico al estado de cosas que cuestiona a todas las instituciones, órdenes de autoridad, partidos y personajes. En el agravio de los padres de los estudiantes desaparecidos, y de muchos otros solidarios en tal sentimiento, nadie ni nada sale bien librado ante la inobjetable exigencia de encontrarlos con vida.

Las evidencias al alcance y el tiempo transcurrido hace inevitable pensar lo peor. La información no es concluyente porque se requieren elementos adicionales para corroborar la tesis de que a horas de su desaparición los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos dispuestos para dificultar o impedir su identificación. Las autoridades federales, que se han esmerado al extremo para ubicarlos, reciben el reclamo enérgico de lo que hicieron las policías municipales coludidas con el crimen organizado. Cada vez menos la atención se centra en las autoridades locales, responsables directas e inmediatas de la procuración y acción de la justicia.

Las condiciones son propicias para inculpar y trasladar de manera ligera responsabilidades por lo ocurrido. Un entorno ideal para el linchamiento. Las crisis de tal magnitud invariablemente despiertan en algunos la tentación de ganar en la tragedia. Frente a la serenidad obligada gana el impulso y se precipitan de manera ligera conclusiones. Los instigadores sobran, desde las sesudas reflexiones que de manera interesada muestran lo evidente: la incapacidad de las instituciones para responder a la amenaza del crimen organizado (hecho que viene de mucho tiempo atrás), hasta aquellos que lanzan la piedra a quien dirige el gobierno y representa al Estado mexicano.

Efectivamente, el linchamiento se hace presente. A partir del dolor ajeno, se alienta la indignación con el reclamo absurdo de renuncia del Presidente; algunos en las redes lo practican como divertida travesura. Instigadores siembran y propician, otros simplemente concluyen en la falsa salida. La cuestión es que el crimen gana terreno en la medida en que los gobiernos se debilitan y quienes los dirigen son maniqueamente presentados como responsables. Ya en este caso, el tema ya no solo son los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sino todo lo que se acumule para desgastar al gobernante. Al inventario todo entra para generar rechazo, incluso las acciones y gestos de solidaridad para con los padres de los desaparecidos.

El país demanda definiciones. Éstas no son solo de las autoridades, también del conjunto nacional. El dilema es hacer del reclamo colectivo camino a la discordia o dar curso a un necesario reencuentro de la sociedad y las instituciones para así construir respuestas a fondo al problema de la inseguridad. También allí ha habido voces constructivas y propuestas concretas y viables. No solo eso, las mismas autoridades han podido acreditar logros sustantivos en muchas partes del país. Afortunadamente para todos, México no es Iguala.

Por lo pronto hay una exigencia que es obligación de las autoridades federales: realizar las indagatorias que esclarezcan de manera fehaciente los hechos y llevar a la justicia a los responsables. Pero allí no se agota la tarea: se requiere de iniciativa para una propuesta que haga de la tragedia y de la indignación un punto de inflexión en la lucha contra la violencia y el delito.

Es mucho lo que debe hacerse y en muchos frentes. No hay tiempo, tampoco coartadas. Ya se ha dicho: el sistema de justicia es deplorable; las policías municipales son el eslabón más débil de la cadena de seguridad y los ayuntamientos casi no tienen recursos; varios estados han avanzado de manera importante en sus policías, el gobierno federal también lo ha hecho, pero esto no es suficiente si la impunidad prevalece. Jueces, legisladores y gobernantes deben bajar del pedestal para advertir la magnitud de la tarea por delante.

También hay una dimensión estructural del problema que rebasa a los Estados nacionales y tiene que ver con la estrategia vigente de combate a la producción y comercio de drogas ilegales. Es urgente retomar la iniciativa de revisar las tesis que hasta hoy día parecen inamovibles, contraproducentes para todos, incluso para las naciones consumidoras, pero mucho más, como ocurre en México, para los países con débiles instituciones de justicia, extrema desigualdad y exigua legalidad.

Las crisis por dolorosas que sean también son oportunidad. En las naciones con grandeza, las tragedias hacen despertar una energía social y disposición al cambio. A la vez que las élites, los gobiernos y los políticos se predisponen a revisar el estado de cosas existente, escuchar voces y transformar instituciones. Tiempos para conocer la pasta de que estamos hechos.

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