Gobernar, entre otras cosas, es aprender a administrar un dinero que no es tuyo, por no hablar de evitar gastarte la plata que no tienes. La lección, sin embargo, no la aprenden muchos de nuestros hombres públicos que, por lo contrario, parecen ser especialistas en la alegre dilapidación de los recursos del erario.

Varios estados libres y soberanos de la Federación —y varios municipios— han adquirido así deudas colosales que nadie sabe cómo se van a pagar. Bueno, sí estamos bien enterados de lo que pasa en esos casos: quienes terminarán por solventar el costo de los platos rotos serán los sufridos ciudadanos, a quienes se privará de servicios y obra pública a lo largo de esos años, interminables, en que los dineros obtenidos en la muy magra recaudación fiscal se utilicen para rembolsar los préstamos otorgados tan generosamente por los bancos, intereses incluidos.

Entre las reformas propuestas por el Gobierno federal hay una que busca limitar esa extraña disposición de mandatarios estatales y alcaldes para contraer deudas. El problema, dicen algunos expertos, no es tan grave como para amenazar la estabilidad macroeconómica de la nación pero tiene de cualquier manera serias consecuencias en el desarrollo económico de decenas de comunidades: algunos ayuntamientos no logran siquiera cubrir la paga de sus policías o carecen de los fondos para ponerle gasolina a sus vehículos. Y si a esta precariedad coyuntural añadimos la sempiterna incapacidad que tienen nuestros gobiernos para cobrar impuestos pues entonces el panorama es muy negro.

La historia de México, como nación independiente, es un recuento de crónicas carencias presupuestales. Sabemos que a los promotores del libre mercado a ultranza les irrita la mera existencia de un Estado que, para ellos, significa un estorbo porque impediría, a punta de reglamentaciones inútiles y engorrosas, la desenfadada tramitación de transacciones comerciales. Pero ese mismo ente, cuando actúa a través de las instituciones, es el que provee educación, salud y seguridad: reducir al mínimo su presencia es una quimera.

Lo más curioso es que sea esto, precisamente, lo que ocurre en aquellos lugares donde no hay ya recursos para atender las necesidades más apremiantes: una ciudad sin policía, ¿qué tipo de localidad puede ser? Un alcalde que no puede pavimentar las calles de su pueblo o que cierra una clínica o que despide a la mitad de sus colaboradores, ¿está realizando verdaderamente su trabajo?

Estamos sufriendo las consecuencias de un federalismo mal entendido. A los caciques irresponsables, cuando los ciudadanos no los han descubierto a tiempo, quien tiene que atarles las manos es el Gobierno central. Y mientras más pronto, mejor.