Para nadie ha sido un secreto las barbaridades cometidas contra los derechos humanos en las naciones gobernadas por dinastías. En especial el caso de Corea del Norte nos resulta chocante por su brutalidad y por los reportes cada vez más frecuentes de las personas que logran escapar del empobrecido país de las violaciones, ejecuciones sumarias y montañas de huesos en campos de concentración, donde se cree que padecen más de 200 mil personas. Familias enteras (con niños incluidos) encarceladas, matrimonios forzados, hambre y muerte son el destino de quienes osan enfrentar el poder de la dinastía de los Kim. 

Recientemente se ha generado un esfuerzo en la Organización de las Naciones Unidas para llevar a los líderes de Corea del Norte a la Corte Penal Internacional (la misma que juzgó a los cabecillas nazis en Nuremberg y ahorcó a los más brutales de ellos). Como es normal esto ha motivado que los sátrapas del mundo se muevan incómodos en sus asientos, pues un veredicto de este tipo a un gobernante sería de consecuencias muy graves, dado que permite toda una serie de medidas adicionales, incluso bélicas. 

Por primera vez el reyezuelo de los Kim en turno, en este caso el ridículo e iracundo Kim Jong Un, muestra verdaderas señales de preocupación y su verborrea agresiva de siempre se desliza lentamente a una quejumbrosa súplica de piedad. Ha sido el colmo que ha aceptado de mala gana la visita de un relator de derechos humanos de la ONU con condiciones, lo que ha motivado que la respuesta del organismo sea que se hará sin condición alguna. Como era de esperarse, los aliados de siempre: Cuba, Venezuela y varios países africanos que padecen sangrientas dictaduras, han promovido mociones para anular la posible condena; obviamente no por empatía, sino por el miedo de que les vaya a pasar lo mismo a ellos.

No somos un ejemplo digno de la altura del peinado de Kim Jong Un, pero no se canta mal las rancheras por este lado. Las atrocidades cometidas por las autoridades contra civiles han puesto a nuestro país en la mira de los mismos que se dedican a analizar el caso de Norcorea. Es innegable que en México, a diferencia del país asiático, las violaciones a los derechos humanos no son una política expresa de Estado; pero sin duda nuestras leyes tienen infinidad de resquicios por donde se puede colar la impunidad. 

Estamos viviendo días muy oscuros que serán recordados por los justos y también por los oportunistas que aprovecharán estas aguas turbulentas para ocasionar desequilibrios en el país. Solamente una contundente respuesta del poder Legislativo con una reforma judicial real y un sistema que audite el desempeño de los servidores públicos independiente del Estado puede contrarrestar esta ola de rabia contenida, que puede convertirse en un tsunami. La inactividad y la falta de eficacia del gobierno han despertado un dragón.