Uno de los grandes problemas que afectan el desarrollo de nuestro país ha sido por muchos años el enorme gasto que representa la complicada estructura burocrática para hacer llegar a su destino los recursos de los programas encaminados a promover el desarrollo. El costo de transferir los recursos a su objetivo muchas veces supera la inversión.

Si a este problema sumamos la desatada voracidad de funcionarios que, abusando de su posición, imponen descaradamente a los destinatarios (personas, empresas o municipios) tasas de comisión por “gestionar” estos recursos o por la asignación de obra, el problema se agrava y estamos ante una corrupción institucionalizada que impunemente opera ante el silencio y complacencia de propios y extraños.

El llamado “diezmo”, conocido por todos, representa en muchos casos hasta el 30% del costo de la obra, recurso que va a parar al bolsillo de los funcionarios. Ya es común ver que estos llamados “servidores públicos”, a dos o tres años de estar en el cargo, comienzan a invertir enormes sumas de dinero para promover su imagen y comprar voluntades para asegurar su triunfo en la próxima elección.

Este voraz e ilegal intermediarismo oficial va desde las más altas esferas del poder federal y estatal hasta los municipios más pequeños, incluyendo a los legisladores que “bajan” recursos del Presupuesto Federal. De esta manera, los presidentes municipales o las empresas que no se alinean a este perverso sistema están condenados a  ser excluidos de los proyectos.

Se trata de redes de corrupción institucionalizada que operan con plena impunidad y afectan gravemente el desarrollo. Se trata de un enorme desvío de recursos que mantiene al país estancado, mientras los mexicanos cada día son más castigados con cargas tributarias atroces que limitan sus aspiraciones de una mejor calidad de vida.