Cuando Felipe Calderón empezó “su” guerra en Michoacán contra el crimen organizado y la extendió a las entidades con memorables (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Durango…), por explosivos, índices de narcoviolencia, en este y otros espacios de radio y televisión se sostuvo que la contienda iba para largo, pero tan largo, que no bastarían seis tristes años para terminarla.

El problema de fondo, se reitera hoy, es que las bandas del narcotráfico gozan de amplio respaldo social, entraña un reto cultural y, por tanto, además de lo que hagan los gobiernos en sus distintos niveles, es necesario, cuando menos, un cambio generacional.

Ayer, entrevistado en radio por Joaquín López-Dóriga, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, puso énfasis en que “ninguna estrategia, ninguna, va a funcionar tan rápidamente (se refería, claro, a la de coordinación interinstitucional que lleva apenas siete meses). No se hacen milagros. Se tiene que ir a fondo; se tiene que destruir una estructura que tiene años de integración y de organización…”.