Uno de los temas que los ciudadanos exigen a las autoridades es la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la debida rendición de cuentas. El Ejecutivo estatal, los poderes Legislativo y Judicial, los ayuntamientos y los órganos descentralizados y autónomos son sujetos de fiscalización y están obligados legalmente a rendir cuentas. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán es el órgano facultado para auditar las cuentas públicas de los entes fiscalizados y remitir el resultado al Congreso del Estado para su aprobación.

El informe de resultados del ejercicio 2011 enviado por la ASEY al Congreso para su aprobación es verdaderamente sorprendente. La ASEY ha dictaminado al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco como “limpio”. Esto significa que el gobierno de Yucatán en 2011 cumplió al 100% todo lo establecido en la normatividad y que no existe ninguna observación a solventar en el manejo de los recursos públicos. Es decir, lo que la ASEY reporta significa que en el año 2011 los yucatecos gozamos de un gobierno perfecto y funcionarios intachables.

De igual manera, el informe mencionado califica al Isstey como “limpio”, es decir, “perfecto”, y sin ninguna observación en el manejo de los recursos públicos. Resulta verdaderamente insólito dictaminar al Isstey como limpio cuando es del dominio público el millonario quebranto de esta institución. El mismo calificativo ha sido otorgado al Fondo de Fomento Agropecuario que dirigió Alejandro Menendez Bojórquez y muchos otros organismos severamente cuestionados.

Es lamentable la complicidad del titular de la ASEY para proteger a funcionarios que defraudaron al Estado. Y más lamentable el proceder de los diputados oficialistas y perredistas de aprobar por mayoría, en menos de una semana, los 192 dictámenes remitidos por la ASEY, ignorando la solicitud de los diputados del PAN de otorgar el tiempo y las condiciones requeridas para el debido análisis.

Una vez más comprobamos que en Yucatan la transparencia es letra muerta.