Ese fue el título de una Historia en breve de febrero de 2010 construida sobre dos ejes: el Ejército llevaba 40 meses en las calles por la incompetencia de las policías locales para contener a los criminales; los 40 meses pasaban una abultada factura.

Cambió el gobierno, cambió el mando de las fuerzas armadas, habrá cambiado la comunicación, pero tres años después los ejes son esencialmente los mismos.

El presidente Peña Nieto los sintetizó el viernes en uno de los actos del febrero de los militares, al pedirles que, como garantes de la seguridad interior, “y en tanto se aplica plenamente la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia de los mexicanos, sigan apoyando las labores de protección ciudadana para reducir la violencia en el país”.

Es, con matices, el discurso del presidente Calderón. Off the record, el gobierno de Peña Nieto pide siete, ocho meses para que se vean los primeros resultados. Septiembre, octubre, estiman.

Sería una obscenidad no concederle ese plazo, aunque dudo de la paciencia de grupos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que en los años recientes no tuvieron reparo en convertir puntuales, pero esporádicos casos de abuso militar en estridentes denuncias de sistemática violación de derechos.

Así es que mientras llega septiembre, octubre, todos a sus posiciones, porque la mayoría de las policías locales sigue siendo una desgracia y los criminales se reproducen como en granja. Al Ejército, que dígase lo que se diga ha estado a la altura de las circunstancias, no le queda más que seguir en esta guerra maldita.

Por tanto, cuidemos al Ejército.